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La normativa, aprobada por el consejo de ministros, apoya un sector que “representa el 5% del PIB, además de generar 1,8 millones de empleos y afectar a más de 600.000 locales y 450.000 empresas”, afirmó
Santamaría explicó que con ello se eliminan las trabas burocráticas. Bastará con hacer una declaración de que el local cumple los requisitos legales y pagar los impuestos. Después, y tras la apertura del negocio, unos inspectores velarán porque efectivamente el nuevo comercio cumpla con la ley.
La medida aprobada este viernes está pensada para locales de menos de 300 metros, aunque el Gobierno no descarta ampliarlo a locales de mayor tamaño y otros servicios. “Hoy aprobamos un mínimo común denominador para todos los ayuntamientos, pero las comunidades autónomas pueden ir ampliando y desde luego el Gobierno irá revisando su entrada en vigor y su funcionamiento para poder ir generalizando este sistema”, aseguró.
Con ella se quiere “cambiar la cultura organizativa, liberalizar los comercios y simplificar los procedimientos”, ha explicado Santamaría, que ha aseveró que hay negocios que han tenido que esperar hasta 18 meses para abrir.
Se trata de apoya a los emprendedores “poniéndoles la alfombra roja para abrir y no dificultades”, aseveró.
El Estado mediará en la venta de armas
Por otra parte, el Consejo de Ministros acordado que el estado mediará en la venta del material de defensa, como viene siendo habitual en la mayoría de los países. En la actualidad, las empresas españolas contactaban directamente con los potenciales compradores que muchas veces recelaban porque no había detrás un apoyo gubertamental, ha explicado Santamaría.
Línea ICO Exportadores
En relación con el comercio exterior, el Gobierno ha aprobado tambié un nueva línea ICO Exportadores, dotada con 500 millones de euros para inyectar liquidez a las pymes y a los autónomos de aquello que han vendido en el exterior.
Lo que hay que tener en cuenta con la nueva normativa, es precisamente el concepto de responsabilidad. El emprendedor se hace responsable del cumplimiento de la legalidad de su actividad o negocio (Sistema contraincendios, instalación eléctrica…) para lo que debe contratar un técnico cualificado, quien a su vez, sustituye por decirlo así, a la figura del técnico del ayuntamiento. Si posteriormente no se cumple la normativa, o por desgracia ocurre algún siniestro, los responsables serán el emprendedor, y el técnico que contrató. Los organismos públicos se quitan trabajo de encima y se lavan las manos.