Las fuentes consultadas han explicado que la entidad aprovechará la disposición del Gobierno a que el Estado aporte el dinero que sea necesario para cubrir holgadamente su riesgo inmobiliario y el del resto de su cartera crediticia.

La ayuda pública demandada por Bankia servirá para cumplir las nuevas exigencias de saneamiento impuestas por el Gobierno, para cubrir las necesidades de capital detectadas por la auditora Deloitte y para poder afrontar deterioros futuros de la cartera.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció este miércoles que como consecuencia de la reforma financiera del Ejecutivo, Bankia debía sanear aún 9.000 millones.

Esa cantidad se divide en 7.100 millones para engordar las provisiones del crédito inmobiliario problemático y el teóricamente sano, y unos 1.900 millones para crear un colchón de capital con el que cubrir mejor el riesgo del suelo y las promociones en curso.

Pero además, si Bankia quiere lograr que su auditor apruebe las cuentas del pasado ejercicio, deberá tapar un agujero por los créditos fiscales, próximo a 3.000 millones.

Por último, para cubrir “al máximo posible” otros riesgos de la cartera como hipotecas a particulares, créditos a pymes o préstamos refinanciados, Bankia sumaría una tercera partida millonaria. Ésta, según las fuentes consultadas, será la que haga que la ayuda pública solicitada supere los 15.000 millones.

Profesionalizar su gestión

La reunión del consejo de administración también podría servir para empezar la remodelación de este órgano, ya que De Guindos advirtió de que para recibir el apoyo público es necesario que Bankia y su matriz, BFA, profesionalicen su gestión.

Esto se traducirá en una reducción del tamaño de los dos consejos de administración y la renovación de sus miembros, entre ellos varios políticos, para que haya “profesionales de reconocido prestigio e independientes”.

Para De Guindos, esta última condición es “imprescindible” para atraer futuros inversores y garantizar la viabilidad del grupo, que pasará a estar controlado totalmente por el Estado en cuanto termine la valoración que se está haciendo del mismo y Bruselas autorice la operación.