En la terapia para resolver el problema bancario, las ideas están cambiando con rapidez. Tanto que el titular de Economía, Luis de Guindos, se ha pasado semanas y semanas asegurando que no habría ni un euro de dinero público para los bancos. De ahí a lo que ha dicho este miércoles al explicar la crisis de Bankia, cuando asegura que la entidad saldrá a flote y que para ello recibirá el dinero público que sea preciso, ha habido un tránsito bastante rápido, aunque para el titular de Economía haya sido algo difícil entenderlo a la primera. Es una pena por el tiempo que se ha perdido al no reconocer las cosas desde un principio y porque esta tardanza ha demorado en exceso la solución del problema y a la postre es motivo principal por el que se ha generalizado la desconfianza en el sector financiero español. La tardanza, a la postre, significa más dinero, más costes.
La rectificación está pues servida. No había otra salida, ya que Bankia es un grupo de carácter “sistémico”, es decir, con capacidad para influir en el conjunto del sector y de la economía española. Cuando una entidad es “demasiado grande para quebrar”, está claro que el Estado y el Gobierno no pueden cruzarse de brazos. De Bankia se sabía que era un banco con balance gangrenado y con unas estructuras cargadas de directivos que estaban en la entidad más para ver qué podían conseguir para las instituciones a las que debían obediencia o incluso para su propia área de interés personal. No estaban, como ha quedado patente, para ayudar a la entidad en la búsqueda de la excelencia empresarial.
Parece que la gestión de la entidad va a ser sometida a un severo análisis, quizás con los tribunales de por medio, en los próximos meses, aunque a decir verdad las anomalías de algunos gestores de cajas se van a centrar en otras entidades en las que se han cometido auténticas tropelías y abusos de poder. Por fortuna, ese no era exactamente el caso de Caja Madrid, aunque sí lo ha sido el exceso de politización en su gestión y la baja cualificación de algunos de sus administradores para afrontar las exigencias del cargo.
Con el reconocimiento del papel del Estado en la solución financiera de Bankia hemos entrado en una nueva fase en la que a las cosas se las empieza a llamar por su nombre y, además, parece que hay intentos serios y creíbles de cuantificar las necesidades de dinero. La aparición en escena del Estado, con sus órganos pertinentes (el Frob y el Banco de España) tendrá que traducirse antes de nada en una profesionalización radical de las cúpulas directivas. El Estado no puede mantener ese costosísimo sistema de Consejos de Administración plagados de representantes de las comunidades autónomas y de los partidos políticos que sustentan a los gobiernos locales. Esas formas de acceso a los puestos de responsabilidad en estas entidades financieras explican los graves errores de gestión cometidos en los últimos años, las políticas dirigistas desarrolladas para financiar algunos proyectos empresariales disparatados, hoy en quiebra, y en suma la amalgama de intereses personales a los que servían las cajas utilizando el dinero de su amplia clientela.
Ya ha dicho el FMI en su informe sobre España hace unas pocas semanas que la solución a los problemas bancarios de la mayoría de las cajas pasa por una mejora radical del gobierno corporativo, una filosofía que las cajas habían dejado de lado en los últimos años, a medida que las Autonomías legislaban a placer para asegurarse el control de los órganos de gobierno de las cajas de su región, secuestrando con ello la gestión del crédito y de las empresas en las que las cajas participaban. Todo ese sistema y esas componendas han de pasar a mejor vida y Bankia es un botón de muestra que debería servir de ejemplo para el resto de las entidades.
La segunda cuestión que se tendrá que plantear el Gobierno es la de ver cómo se recorre el camino de vuelta, que tiene dos exigencias: recuperar el dinero utilizado y devolver las entidades en crisis al mercado, como se hizo en la crisis bancaria de finales de los años 70 en nuestro país. No sólo hay que sanearlas con importantes cifras de dinero público sino que es preciso asegurarse de que quedan en buenas manos para que los percances – muchos de ellos ocasionados por un miope intervencionismo político de las tribus locales – no vuelvan a repetirse. Es decir, para que el sector sea decididamente un conglomerado de entidades profesionalizadas.
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