Nunca el sector bancario español había sido sometido al juicio y veredicto de tantas miradas como las que afronta en estas próximas semanas. A pesar de presentar una hoja bastante nítida de resultados, en la que resultan trasquilados aquellos de los que ya se tenía noticia (básicamente, algunas cajas de ahorros de tamaño medio), el análisis al que se le está sometiendo es una auténtica causa general, incluso para entidades que, como es bien conocido, tienen en España apenas la mitad de su negocio y de sus riesgos. Todos sin excepción van a ser sometidos a un análisis “a fondo” de sus balances, en especial para determinar el grado de fiabilidad de sus activos crediticios relacionados con la actividad inmobiliaria, ya que se sospecha, con razón, que este es el principal punto de gangrena de los balances.
Lo primero que llama la atención en esta amplia operación de rastreo es el hecho de que tenga un carácter tan generalizado, sabiendo como saben las autoridades europeas y españolas que en esta crisis hay protagonistas con malas políticas financieras cuya identidad ha quedado bastante clara desde un primer momento y que, en nuestro caso, empezaron con la CCM (la Caja Castilla la Mancha) para seguir luego con otras entidades como la CAM alicantina y otras más que han recibido apoyo de los organismos públicos o sectoriales para mantenerlas en pié. El último eslabón, que era además el más voluminoso, ha sido Bankia, que finalmente ha entrado en la órbita de la intervención pública. Por lo tanto, sea cual sea la extensión del problema, estaba claro que los enfermos del club tienen nombres y apellidos y la prioridad era salvarles, lo que debería ser motivo suficiente para dejar tranquilos a todos los demás.
La segunda cuestión que resulta bastante difícil de comprender es esa manía y obsesión supervisora que se ha desatado en los organismos internacionales y en el Gobierno que parece apostar por amontonar auditores, consultores y expertos de todo tipo para proporcionar, según se dice, las máximas garantías de credibilidad a los bancos españoles en las instancias internacionales. Es cierto que a base de sembrar dudas, lo que en España es un problema relativamente acotado, la existencia de varias entidades con serios problemas de gestión y mal control de riesgos, se ha ido convirtiendo en un problema prácticamente generalizado. Pero eso no implica que se extienda la labor fiscalizadora a todo el sistema y, sobre todo, que se demoren indefinidamente las soluciones para arreglar los problemas ya detectados. Hay en estos momentos una especie de parón en el sector porque los enfermos no están siendo tratados y los no enfermos están metidos en una sala de observación bajo sospechas, casi siempre infundadas, de mala calidad en sus balances. Hemos terminado en suma por paralizar la actividad crediticia, lo que unido a otras tareas de la Política Económica (ajuste fiscal) estás colocando a la economía en una peligrosa parálisis.
Un tercer elemento que causa sorpresa es el relativo a la elección de los múltiples supervisores, auditores y expertos, que en la actualidad están en fase de selección o en el inicio de una tareas de diagnóstico, cuyos resultados no verán la luz posiblemente hasta después del verano, con el consiguiente nuevo retraso en la actividad del sector financiero, cuya parálisis puede llevarnos hasta finales de año. ¿Era necesaria tal avalancha de analistas para estudiar las tripas de los balances bancarios españoles?
La elección de varios consultores internacionales parece haber sido un ejemplo de improvisación y hasta de ingenuidad, que no sólo ha pasado por encima del prestigio del Banco de España (como si no hubiera en el supervisor nacional bastantes inspectores con los que analizar al detalle las interioridades de bancos y cajas, que visitan de forma continua a ,lo largo de todo del año, en patente ventaja sobre unos analistas externos que se tendrán que limitar a la “visita del médico”) sino que difícilmente aportará nuevos elementos de valoración de las entidades financieras españolas. Cuesta creer que algunos de los consultores elegidos vayan a confeccionar un dictamen más ajustado a la realidad de los que pueda realizar el servicio de Inspección del Banco de España. Pensar que esos dictámenes que están por llegar, realizados de forma necesariamente apresurada por analistas que nunca han analizado la realidad española, puedan tener una mayor credibilidad que los del Banco de España a los ojos del BCE o de los inversores internacionales, es posiblemente un ejercicio de profunda ingenuidad.
A la postre, el sector afronta una etapa difícil: analistas de todos los rincones estudiando sus tripas, los problemas de liquidez no resueltos debido al riesgo país (dudas sobre la deuda soberana que extienden sus tentáculos sobre toda entidad española que salga al mercado en busca de capital) y a que en los organismos europeos todavía está sin resolver la gran cuestión de si el fondo de rescate puede o no financiar de forma directa a los bancos y, a la postre, para completar el cuadro ciertamente complejo las exigencias de mayor capital y mayores provisiones por parte de Basilea y de los supervisores nacionales, en este caso el Banco de España. Resulta difícil vislumbrar una salida a este embrollo cargado de improvisaciones.
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