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Díaz Ferrán, un “arruinado” muy rico

Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de los empresarios y del Grupo Marsans, debe más de 400 millones a empleados, clientes y proveedores. Todas sus empresas, y él mismo, están en concurso de acreedores. La Justicia busca dinero y bienes con los que reparar a los miles de perjudicados, pero una denuncia en la Audiencia Nacional desvela que sigue disfrutando de una vida de millonario.

Los administradores concursales de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual –imputados en la Audiencia Nacional por un delito de apropiación indebida– no han encontrado bienes con los que saldar los más de 400 millones de euros que adeudan ellos y sus compañías.

En las cuentas corrientes del expresidente de la CEOE había solo 317 euros, y la única fuente de ingresos oficial de Díaz Ferrán son los 700 euros brutos al mes que cobra como administrador de una empresa de estaciones de servicio.

La Justicia no ha podido disponer de su Rolls Royce, ni de su yate, ni de los apartamentos comprados por su hija en la mejor zona de Nueva York. Todos esos bienes, junto con otros muchos y diversas sociedades, están ocultos, aunque bajo el control de Díaz Ferrán, según un grupo de acreedores.

Una denuncia –que fue revelada por la Cadena SER– presentada el pasado mes de enero ante la Audiencia Nacional por cuatro de las mayores empresas hoteleras y de viajes de España –Meliá Hoteles, AC Hoteles, Pullmantur y Orizonia–, a las que el Grupo Marsans debe más de 40 millones de euros en pagarés, detalla cómo Gerardo Díaz Ferrán y su socio en el Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, “han realizado diversas maquinaciones para ocultar a sus acreedores los principales bienes que componían su patrimonio personal en una estrategia cuidadosamente planeada y ejecutada para sustraer jurídicamente tales bienes a sus acreedores”.

Ese patrimonio personal ahora supuestamente escondido era, precisamente, lo que avalaba los pagarés extendidos en 2009 y 2010 a las compañías denunciantes. La citada denuncia, que acusa a los dueños de Marsans de insolvencia punible y estafa procesal, recayó en el Juzgado Central número 6, cuyo titular, Eloy Velasco, se inhibió a favor de Santiago Pedraz, titular del 1. Estos días, la Sala Penal de la Audiencia Nacional –presidida por Fernando Grande-Marlaska– debe decidir qué juez es competente.