Los nuevos pasos que acaba de dar el Gobierno para resolver de una vez por todas el problema financiero tendrán que afrontar en los próximos días algunos desafíos importantes. El primero, comprobar si los mercados se dan por satisfechos. Aunque pudiera parecer un requisito marginal, está claro que el Gobierno está moviendo fichas casi a la desesperada con el objetivo principal de causar buena impresión en los mercados, un merecimiento que se le resiste una y otra vez. Hay una tarea necesaria de imagen. El Gobierno español, debido a su pertinaz ausencia de los púlpitos públicos para explicar las cosas y hacerse entender, tendría que adoptar una actitud radicalmente nueva, por mucho que calcular con cierto grado de aproximación cuál es el deterioro potencial de nuestro parque inmobiliario resulte tarea casi imposible de evaluar.
El punto de partida con el que se han confeccionado las nuevas exigencias de provisiones a los bancos españoles sigue mostrando esta capacidad del Ministerio de Economía para dar palos de ciego en un intento de convencer al exterior (Bruselas, Francfurt y el ancho mundo de los bancos de inversión que mueven los hilos de los mercados mediante sus influyentes análisis) de que pase lo que pase con la economía, los bancos no corren peligro porque van a provisionar con un grado de severidad nunca visto hasta ahora.
De hecho – conviene recordarlo – la banca española presumía, y con razón, hace unos años de contar con las mejores provisiones anti crisis de la banca mundial. Pero la crisis, y sobre todo su duración además de su profundidad, han dejado desarbolado al sector, que ha visto en unos pocos meses cómo se redoblan las exigencias de reservas en los balances para contrarrestar la marea alcista de los créditos impagados y de los inmuebles y suelos adjudicados por falta de pago de las correspondientes hipotecas y créditos con garantía. Estos quebrantos han deteriorado ciertamente la calidad de los balances bancarios y es lógico que el Gobierno incremente las exigencias de capitalización, el aumento de las provisiones para insolvencias y las últimas medidas para sacar de los balances los activos tóxicos.
Pero en la búsqueda de la excelencia en cuestión de imagen, el Gobierno ha dado algunos pasos en la última disposición legal, la del sábado, que contiene exigencias de saneamiento bastante discutibles y que van más allá de lo que debería ser una estrategia prudencial orientada a contar con una banca sana y, sobre todo, con un sector capaz de afrontar la ineludible tarea de la expansión crediticia, para cuando la economía la demanda.
Exigir, y hacerlo de forma generalizada, altas provisiones incluso para el crédito “sano”, que es lo que acaba de dictar el Gobierno, constituye un exceso de celo pero también una forma de esterilizar los esfuerzos de los bancos más capacitados para contribuir a la recuperación de la economía. A estas alturas de la crisis, tanto el Banco de España como las autoridades económicas deberían disponer de una capacidad selectiva más aguda para orientar las exigencias de mayor capitalización hacia las entidades que ve4rdacderamdente las necesitan. Y hacerlo mediante el empleo de dinero público, ya que no se en tiende bien cómo se trata de resolver esta crisis convocando a todos, incluso los buenos bancos, para pedirles que financien los excesos y los disparates de los malos profesionales del sector.
Hay que tener en cuenta que en el sector bancario español conviven a estas alturas bancos que tiene tasas de morosidad inferiores al 2% de sus créditos con otros que rondan el 10% de quebrantos. Está claro que no todos los bancos son iguales y que las medidas de saneamiento están adoptando a veces un aire de castigo bíblico que debería dejar paso a una tarea más selectiva y, por ello, más eficaz. Para ello habría que contar con la inestimable colaboración del Banco de España, asunto que en estos momentos no resulta viable porque el Gobierno se ha empeñado en mantener incomunicado al supervisor bajo el argumento de que le quedan pocos días de vida al titular actual, que no es de la cuerda gubernamental. La inoperancia en este frente es también otro de los errores que el Ministerio de Economía y por elevación el Gobierno de Rajoy no han sabido evitar.
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