El presidente del Tribunal Supremo, denunciado por malversación

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El presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha sido denunciado por un presunto delito de malversación de fondos públicos, según informa hoy el diario El País. La denuncia la habría interpuesto el vocal del Poder judicial José Manuel Gómez Benítez, que ayer habría entregado a la Fiscalía documentación del Consejo en la que se reflejarían gastos en viajes pagados con dinero público. Entre ellos estarían seis fines de semana en hoteles de lujo de Marbella, con cenas en restaurantes de alto standing, todo ello por valor de 6.000 euros. Asimismo, la denuncia incluiría el gasto en el desplazamiento de sus siete escoltas hasta la localidad malagueña, con un coste de unos 27.000 euros.

Según declaraciones del presidente del Supremo al diario El País, él mismo costea todos sus viajes y no tenía constancia de la denuncia que se ha interpuesto contra él.

En la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, Benítez señala que Dívar habría cargado al Presupuesto público por un ‘montante’ cercano a los 6.000 euros, estancias en hoteles de lujo en la localidad de Puerto Banús, en Marbella, además de cenas en restaurantes de alto ‘standing’. Las estancias habrían tenido lugar en fines de semana, que se habrían alargado hasta los cuatro días.

Según señala la denuncia, el presidente del Supremo ni tiene residencia habitual en Málaga ni relación laboral que le vincule a dicha localidad, además de que los viajes se habrían realizado en fines de semana y de que las cenas habrían sido para sólo dos personas, por lo que habría cometido un delito de malversación de caudales públicos.

Benítez señala, además, que el presidente del Supremo habría cargado también a dicho organismo el gasto de transporte, alojamiento y manutención de los escoltas que normalmente le acompañana (entre cinco y siete personas), un gasto que ascendería a más de 26.000 euros, que “legalmente deben ser cargados al presupuesto de Consejo, pero que se incluyen en el escrito porque son indicativos del gran costo que estos desplazamientos de fines de semana con tan elevado número de escoltas suponen para la Hacienda Pública”.

Los viajes, realizados entre septiembre de 2008 y septiembre 2010 y posteriores a noviembre de 2011, sumarían un total de seis.

Los hechos descritos, según informa El País, podrían constituir un delito del artículo 433 del Código Penal, que sanciona con una multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público entre 6 meses y 3 años.

Es tal es ‘escándalo’ montado que dice El País que los viajes se conocen ya en el Consejo General del Poder Judicial como “semana caribeña” y algunos de los vocales los habría denunciado con anterioridad.

Benítez aseguró al diario que hace público el escándalo porque “tiene la obligación de hacerlo” y porque “no quiero que nadie sospeche que estoy encubriendo este tipo de conductas una vez que se sabe que tengo conocimiento de ellas”.

Por su parte, el acusado, Carlos Dívar, ha asegurado que “tiene los recibos y los puede presentar”. Además, el presidente del Supremo indicó que no tenía constancia de la denuncia y nadie le había llamado para comunicárselo, pero que todos los viajes habían sido costeados de su propio bolsillo.

“No es cierto que haya cargado viajes privados al Consejo. Los he pagado yo. Tengo los recibos y los puedo presentar”, sentenció tanjante Dívar.