Nº 1653 -  22 / X / 2014 
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El clavo

La excarcelación de etarras

José Luis Manzanares
 

El anuncio de un plan integral del Gobierno para promover la resocialización de los terroristas preocupa en la sociedad española y no sólo entre las víctimas directas del terrorismo. Se nos habla de una aproximación de presos etarras al País Vasco, de unos cursillos reeducadores e incluso, lo que ha suscitado mayores protestas, de que los reos ya no estarán obligados a pedir perdón para obtener beneficios penitenciarios, entendida esta expresión en sentido muy amplio.

La reinserción social del delincuente, también del terrorista, constituye el fin del tratamiento penitenciario y se define, según el artículo 59 de la Ley General Penitenciaria, como “la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley Penal”. Tal concepto no incluye necesariamente las disculpas frente a las víctimas u otros signos de contrición. Basta con el temor a nuevas condenas.

Para un mejor tratamiento se procede a la clasificación del reo en primer, segundo, tercer o cuarto grado, que se corresponden, a su vez, con el régimen cerrado, el régimen común, el régimen abierto o de semilibertad, y la libertad condicional. El tratamiento y la clasificación son personalísimos, como revela el propio nombre de nuestro sistema de “individualización científica”. Sólo importa el avance del reo hacia un futuro sin delitos. Otra cosa es que en ese proceso pueda influir el cambio de las circunstancias externas como, por ejemplo, la disolución de la banda terrorista.

Al Juez de Vigilancia compete pronunciarse sobre la libertad condicional, pero sólo conoce del tercer grado por vía de un recurso que el beneficiado no interpondrá nunca. La clasificación hecha por Instituciones Penitenciaras se comunica al Fiscal desde 1996, lo que le permite impugnarlo, pero los vínculos de éste con el Gobierno pueden mermar su independencia frente a las resoluciones con algún componente político. La cuestión es de capital importancia si se repara en que el tercer grado, y por ende el régimen abierto, carece de requisito temporal, pese a que hoy se admiten modalidades tan generosas como la de ir a la cárcel sólo para dormir. Una peculiar y carísima resocialización durante el sueño.

La imposibilidad de obtener el tercer grado antes de que el reo haya cumplido la mitad de la pena en los delitos de terrorismo es una novedad de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. No afecta por ello a los hechos cometidos antes de su entrada en vigor. El legislador español ha llegado tarde.

Por lo demás, hay cuestiones que, como la concentración o dispersión de presos, o su aproximación al lugar de procedencia, escapan de las funciones del Juez de Vigilancia. La Administración Penitenciaria es muy libre de aplicar ahí a sus propios criterios. Y no se olvide que el artículo 10.14 del Estatuto Vasco atribuye a esa Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en “organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”. Una bomba de relojería en el arsenal de Bildu. O de Bildu y el PNV.

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