Las Autonomías españolas, en especial algunas de ellas, necesitan con urgencia inyecciones de dinero para mantenerse en pie. Para algunas es cuestión de semanas e incluso de días. Buena parte de ellas no llegará a final de año por sus propios medios. La dinámica del gasto en la que se han embarcado y la rivalidad entre los partidos políticos sucesivamente gobernantes, que han subastado el poder a base de aumentar la oferta de bienes y servicios públicos, han llevado a unos niveles de gasto insostenibles, sobre todo cuando ha sobrevenido un desfallecimiento de los ingresos fiscales debido a la crisis económica general. Son pocos los que están dispuestos a considerar la hipótesis de un drástico recorte de los gastos, es decir, de la oferta pública que con tanto esmero se han ocupado de cultivar los dos grandes partidos políticos del país, que son los que gobiernan en la práctica totalidad de las Autonomías, turnándose en el ejercicio del poder.
Para subsanar esta falta de dinero se están utilizando diversas vías, una de ellas la del ajuste (de momento poco eficaz) a la baja en los gastos, la otra la emisión de nueva deuda. Como es natural, los problemas y las dificultades están tan al cabo de la calle que una emisión de deuda por los circuitos habituales del mercado resulta de muy difícil digestión y viabilidad. Lo han intentado varias Autonomías en los últimos meses mediante varias emisiones de los denominados “bonos patrióticos”, una denominación que responde bastante bien al ilusionismo en el que se han embarcado las autoridades autonómicas emitiendo títulos de deuda que muy pocos ciudadanos sensatos están en condiciones de adquirir para financiar a sus poderes públicos regionales. Las emisiones en cuestión se han ido cubriendo de forma renqueante y en medio de grandes presiones a las entidades financieras de cada zona, lo que de paso está contribuyendo a agravar el difícil estado del sector financiero español, obligado a financiar aventuras de difícil viabilidad económica.
Cataluña ha conseguido colocar al menos 4.000 millones en tres operaciones. Valencia, Andalucía, Galicia y otras Autonomías lanzaron también sus ofertas pero con éxito menor y decreciente, hasta el punto de que la última operación cerrada, a cargo de Valencia, la semana pasada, se ha colocado sólo parcialmente al imposible tipo de interés del 7% nominal y lo ha hecho gracias a las presiones de las autoridades locales sobre las entidades financieras de la zona, con el argumento difícil de discutir de que la no suscripción de la emisión de deuda llevaría aparejada la no devolución de un importe de dinero de similar cuantía que estaba a punto de vencer. Es decir, o se refinancia el crédito anterior o hay quiebra autonómica.
En esta disyuntiva se encuentran algunas entidades financieras, varias Autonomías y el Estado español, que al final es el que ha de afrontar la tarea de minimizar los quebrantos de cualquier ente público ya que los inversores internacionales no entienden – con razón – que la quiebra de una parte del Estado español y el incumplimiento en el pago de sus obligaciones financieras no arrastre al conjunto del país. El Gobierno, por lo tanto, corre el riesgo de que la falta de cumplimiento de las Autonomías en sus obligaciones financieras arrastre al Estado español, a la capacidad de endeudamiento público y a la imagen de solvencia internacional no sólo del Estado sino de las empresas .
La emisión de los denominados “hispabonos”, operación prevista para dentro de unas semanas si nadie lo remedia, será la encargada de sostener por unos meses más a las Autonomías españolas. Hay un lógico recelo y escepticismo sobre la acogida que estas emisiones puedan tener en los mercados de capitales, sobre todo en unos momentos en los que el avalista imprescindible – el Estado español, ya que de forma individual resulta impensable que las Autonomías capten dinero en los mercados – ha visto rebajada su calificación de deuda por parte de algunas agencias internacionales. En la práctica habrá escasa diferencia entre deuda pública del Tesoro español e hispabonos. La presencia del aval autonómico en estas emisiones es bastante poco relevante para los inversores internacionales. Las emisiones de estos bonos parecen de antemano condenadas a un coste escalofriante y a una acogida más bien fría. La resolución de los problemas financieros autonómicos requiere otro tipo de terapias, como el tiempo se encargará de poner en evidencia.
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