Han transcurrido las manifestaciones del Primero de mayo con más sabor a rutina que a protesta masivamente refrendada. Las siempre discutibles, polémicas y difíciles estimaciones de aforo en las calles parecen sugerir que la protesta ha sido menor que en ocasiones anteriores. Da la impresión de que el pulso de la afluencia callejera está perdiendo fuerza. La gente no está para muchas alegrías ni para explosiones verbales. Las argumentaciones tremendistas que se derivan de las frías cifras que ponen de relieve el malestar social real, con más de cinco millones y medio de parados y posiblemente camino de los seis millones antes de que acabe el año, no encuentran eco en la realidad.
Una sociedad con un 24% de activos en paro, de los cuales un elevadísimo porcentaje son jóvenes, la mayoría, que ni siquiera han tenido la oportunidad de entrar en el mercado de trabajo por un solo día para ver de cerca lo que es la vida en una empresa o en un centro laboral, justificaría una mayor movilización y desde luego algo más de energía. Tampoco una mayoría de ese impresionante ejército de personas en paro ha tenido la fortuna (por decirlo de alguna forma) de presentar nunca una declaración sobre la Renta, un ejercicio que puede parecer trivial pero que enfrenta cada año a cada familia española con algunas reflexiones interesantes, como por ejemplo su contribución al esfuerzo colectivo.
Una primera valoración que podría realizarse sobre la aparente desidia de los españoles a salir a la calle a protestar es la de que la conducción y la canalización de la protesta puede que no estén en manos suficientemente competentes. Los sindicatos han asumido el protagonismo, como es habitual, en el Primero de mayo, y también en las otras cuatro protestas colectivas que se han desarrollado a lo largo del año, incluida la huelga general del pasado 29 de marzo. Escuchando las proclamas de los oradores que se han pronunciado en estas convocatorias, la conclusión que puede derivarse de sus discursos es que han aportado realmente poco para suscitar la movilización y el interés de los ciudadanos. Aparte de algunas consignas de manual que se vienen repitiendo desde hace docenas de años (los ricos son los malos y el Gobierno actúa de espaldas a la clase trabajadora), nada original ha salido de la boca de los dirigentes sociales y sindicales en estos últimos días.
No sólo no hay ideas nuevas. Tampoco hay líderes renovados. Los dirigentes de las últimas manifestaciones colectivas llevan bastante tiempo ocupando la primera línea de mando, tanto que ya casi todos saben lo que van a decir antes de que empiecen a hablar. Su antigüedad supera la de los políticos que renuevan su mandato por razones estatutarias cada cuatro años. Hay líderes sindicales que han vivido ya con más de tres presidentes de Gobierno. Teniendo en cuenta que los dos anteriores a Rajoy duraron 8 años cada uno, la duración de los interlocutores sociales se antoja excesiva. La patronal ha estado, en este sentido, algo más activa, aunque el último relevo estuvo forzado por circunstancias empresariales poco saludables, las dificultades del anterior líder de los empresarios con sus empresas y los procesos judiciales en los que se ha visto embarcado.
La falta de ideas nuevas y la longevidad de los dirigentes que asumen desde hace varios lustros la cabecera de las manifestaciones debería dar que pensar a estas organizaciones, al menos para plantear seriamente un cambio de los argumentos que barajan una y otra vez con insistencia, haya crisis o haya expansión económica. Siempre dicen lo mismo, siempre la misma cantinela y posiblemente, como consecuencia de ello, un grado de adhesión manifiestamente menguante entre la parroquia. ¿No podrían los líderes sindicales someterse a algunas de las reglas habituales para los demás estamentos de la sociedad, por ejemplo la limitación de dos mandatos como máximo en el ejercicio del cargo?
Los sindicatos se han convertido en organizaciones que se sitúan por encima del bien y del mal: no ejercen la transparencia en sus cuentas, no se sabe cuáles son sus fuentes de financiación, no responden en la práctica ante ningún órgano democrático como podría ser el Tribunal de Cuentas, que analiza con lupa los números de tantos agentes sociales como los partidos políticos, y mantienen una tendencia a la gerontocracia que sería conveniente revisar. Pero, sobre todo, sería deseable que su discurso, que emana de un análisis desapasionado de la realidad, se ajustara un poco más posiciones desde las que sea posible negociar con los poderes políticos.
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