Nº 1656 -  25 / X / 2014 
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El clavo

Un apunte sobre la Monarquía

José Luis Manzanares
 

Todo español tiene derecho a manifestar sus preferencias por la Monarquía o la República sin ser por ello objeto de descalificación. Las dos formas de gobierno presentan ventajas e inconvenientes que han de sopesarse en relación con las circunstancias del país, más las actuales que las históricas. Lo preferible en un tiempo y lugar determinados puede no ser lo mejor cuando aquellos cambian, pero a los ciudadanos corresponde pronunciarse democráticamente sobre la alternativa. Todo, dentro del respeto debido al legítimo Jefe del Estado en cada momento, porque nos guste o no, Rey o Presidente de la República, es el supremo representante de la Nación Española.

Cada cual es muy libre de pronunciarse en un sentido u otro, considerando lo que dichas formas de gobierno son en la teoría y en la práctica. Así, frente al rechazo inicial por la sacralización de un Monarca irresponsable tanto en su actuación pública como privada, cabe aducir su independencia frente al devenir partidista, particularmente en tiempos difíciles como fueron los de nuestra transición democrática, o entender que la Corona es la mejor expresión de la continuidad y unidad de España. No sorprende que nuestra Constitución, fruto de un consenso para poner fin a la dictadura franquista, no sólo proclame explícitamente que el Rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y declare que su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, sino que añada, como recordatorio apenas velado de sus principales obligaciones, que ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Conviene preguntarse, no obstante, si el blindaje de la Monarquía no habrá sido excesivo en la regulación de las reformas constitucionales. Tal vez se haya dificultado demasiado un futuro cambio hacia la República si así lo quisiera la mayoría del pueblo español. La Política de verdad consiste en prever soluciones para lo que el futuro pueda deparar. La Corona ha suspendido por primera vez en la encuesta del CIS de octubre del año pasado, y son precisamente los jóvenes, que ni siquiera pudieron votar la Constitución, quienes muestran menor apego a la Monarquía. Y esto ocurre en el peor momento para debatir una cuestión que por su importancia ha de abordarse con la serenidad que merece, sin que la seria reflexión venga lastrada por episodios esporádicos de marcado carácter personal.

Pero al haber entre los españoles más juancarlistas que monárquicos, o así lo parece, sucede que los aciertos y desaciertos del Rey Juan Carlos I se proyectan de forma muy directa sobre la Institución, al igual que ocurre con las andanzas poco ejemplares de algún miembro de su familia. La consecuencia es que la mezcla de consideraciones estrictamente políticas con otras mejor ubicadas en las crónicas de sucesos, cuando no de tribunales, y en la prensa del corazón, acaban perjudicando los intereses de España.

El Rey ha pedido perdón por un error no identificado dentro de un ramillete de lamentables equivocaciones. El gesto ha sido bien recibido por la opinión pública. No hemos oído nada semejante de ninguno de esos políticos que nos han llevado a un desastre cuya mera posibilidad negaron obstinadamente hasta el último día. Pero aquel episodio incide en la casi inevitable confusión entre la Corona y el comportamiento privado de su titular. Un Rey no puede, por otra parte, pedir perdón dos veces. Y aún nos quedan las andanzas de Urdangarin en beneficio propio y quizá también de su esposa. Confiemos en la aplicación estricta de la ley, en una mayor prudencia de la Casa Real y del abogado portavoz a la hora de hacer declaraciones públicas, y en que se llegará hasta el final en la exigencia de responsabilidades penales. E incluso así, no faltará la crítica interesada e injusta sobre lo que los tribunales y la defensa del Duque de Palma hagan o dejen de hacer.

Una nueva República nunca debiera ser el resultado de los errores de la Corona o de su entorno. Pero si llegase, mejor como Dios manda que conforme ocurrió en 1931, de la noche a la mañana y con posterior condena a Alfonso XIII por traidor a la patria según la sentencia de las Cortes Constituyentes del 20 de noviembre de aquel año. A ver si tenemos eso que ahora llaman memoria histórica. Por lo demás, todo cuidado será poco para no repetir las pésimas experiencias del pasado, especialmente durante la Segunda República, la que desembocó por méritos propios en la Guerra Civil. Demos tiempo al tiempo y guardémonos de quienes flamean la bandera tricolor en las manifestaciones callejeras como expresión de una inexplicable nostalgia o de un estúpido revanchismo.

Ahora sobran los dogmatismos, los enfrentamientos y los gestos de dignidad ofendida. Es el momento de trabajar todos unidos para superar una tremenda crisis socio-económica que nada tiene que ver con la forma de gobierno y sí, mucho, con la gobernanza de nuestra clase política. Que no es lo mismo.

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