He dedicado una parte importante de mi vida a conseguir que la televisión, en España, fuera plural y no un monopolio del Estado, como la violencia. En 1967, un año después de aprobada la Ley de Prensa e Imprenta – la llamada “Ley Fraga” – escribí, acogiéndome a ella, mi primer escrito de solicitud de una frecuencia para la operación privada de la TV. Desgraciadamente no recibí contestación a aquella solicitud y ello me impidió, por la denegación administrativa, comenzar un recurso en los tribunales conducente a lo que, muchos años después, reconoció, en una sentencia blandengue y componedora, el Tribunal Constitucional. La inauguración, en 1989, de Antena 3 TV culminó un cuarto de siglo consagrado a un propósito profesional de amplio sentido cívico.
Dicho lo de más arriba, confesaré que los días en que consigo llegar a mi casa – que es la de ustedes – antes de las nueve de la noche sintonizo mi televisor en la primera cadena de TVE para seguir la Segunda Edición de su Telediario. Es, como viene siendo en todo el tiempo constitucional, un informativo sesgado y más atento a los intereses del partido dominante en cada momento que a los generales de la Nación; pero está mejor hecho y, aún en su servidumbre, resulta más profesional, amplio y rico de contenidos de actualidad que su “competencia” en los canales privados.
De tapadillo, vergonzantemente, como suele actuar el Gobierno de Mariano Rajoy, el último Consejo de Ministros ha destapado la caja de las televisiones públicas que, dicen, podrán ser privatizadas y, al tiempo, como aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha señalado una modificación sustancial en el gobierno de RTVE, una chapuza jurídica con la que se trata de enmendar otras anteriores, pero de signo contrario. No hacen falta tantos abogados del Estado en un equipo gubernamental para llegar a tan paupérrimo nivel de finura jurídica
Una vez más, en confesión de estilo, el Gobierno del PP actúa por espasmos, sin planes concretos y definidos, sin el debido debate previo y comenzando la casa por el tejado, como los niños que empiezan a dibujar. El Gobierno ha decidido reducir de doce a nueve el número de miembros del Consejo de Administración de la radio y la televisión públicas de ámbito estatal y eliminar la tan histórica como indebida participación sindical en ese Consejo que, de paso, se queda sin latisalarios, coches oficiales, asistentes, secretarias y demás bicocas acostumbradas en un órgano que reproduce proporcionalmente la representación partidista en el Congreso.
No es mi intención, aunque en asuntos como éste pudiera ser mi gusto, convertir estas Crónicas Liberales en una columna especializada y técnica; pero, ¿tiene algún sentido que no sea el “ordeno y mando” comenzar una reforma de RTVE por el diseño y la retribución de su Consejo?
TVE fue, en su génesis franquista, una televisión al servicio de la propaganda de la dictadura con ciertos ribetes de excelencia. Ahí están, en las estanterías del Ente, los muchos trofeos internacionales que, en pie de igualdad con las mejores televisiones europeas, obtuvieron programas de entretenimiento y cultura.
La Ley 4/80, el primer Estatuto español de la radio y la TV, una gran chapuza pactada entre Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra, marcó el tiempo constitucional de la gigantesca y costosísima maquinaria audiovisual pública. A partir de ella se ha sucedido en su presidencia personajes designados, según su alternancia en el poder, por los grandes partidos en presencia.
En la etapa de UCD ocuparon el cargo Fernando Arias-Salgado – hijo del ministro de Franco que creó la tele en 1956 –, Fernando Castedo, Carlos Robles Piquer y Eugenio Nasarre. Cabe decir de ellos, especialmente de los tres últimos, que hicieron gala del “centrismo” que Adolfo Suárez impuso en la nueva convivencia española.
Llegado al poder Felipe González, se sucedieron al frente de la RTVE José María Calviño, Pilar Miró, Luis Solana, y Jordi García Candau. Ya en tiempos de José María Aznar ocuparon el sillón Mónica Ridruejo, Fernando López-Amor, Pío Cabanillas, Javier González Ferrari y José Antonio Sánchez. En ambos lotes de devotos partidistas pueden señalarse parecidos pecados de sectarismo y uso privado, al servicio de una sigla, de lo que debiera ser un medio público; pero cabe señalar el más alto nivel profesional, el mayor talento, de los del puño y la rosa que de los de la gaviota.
Con José Luis Rodríguez Zapatero se produjo el desiderátum, el no va más. Carmen Caffarel, Luis Fernández y Alberto Oliart pueden disputar con plenitud de mérito la ruina final del invento y el titulo de “peor responsable de TVE desde 1956”, todos incluidos.
Antes de meterle mano a la televisión pública, como alborotadamente pretende Rajoy, sería necesario un gran debate sobre la legitimidad de su existencia en un Estado democrático y, de asumirse, el establecimiento de sus límites y contenidos. El planteamiento ha sido tan burdo y precipitado que la apariencia señala una intención privatizadora.
En mi modesta opinión, sustentada en más de medio siglo de experiencia en el medio y en el conocimiento funcional de la tele pública y la privada, las emisiones públicas ya no tienen razón de ser. Todas las que existen en el mundo, en modelos parecidos al español, son hijas de algún totalitarismo y, concretamente en Europa, se deben al uso propagandístico que durante la Segunda Gran Guerra hizo de los medios audiovisuales Adolf Hitler. Entre nosotros, además de la de ámbito estatal, existen otras muchas televisiones que, también del Estado, cursan en administración autonómica.
En su conjunto las televisiones públicas, dejando al margen las de naturaleza municipal, que son otro disparate distinto, nos cuestan 3.000 millones anuales y arrastran una deuda de más del triple de esta cantidad. ¿Cómo se privatiza, en términos económicos y de mercado, una catástrofe de esa naturaleza? Si la deuda sigue al bien como la sombra sigue al árbol que la produce, cualquier modalidad de “privatización” será un regalo para buenos amigos. Algo más indeseable todavía que la realidad presente.
En el cúmulo de problemas económicos y sociales que nos abruman, desde el paro al déficit, esto de la televisión es algo cuantitativamente menor, pero conviene seguirlo con atención porque ahí veremos, mejor que en cualquier otro escenario, el verdadero perfil político de Rajoy. Ya que no se expresa con palabras, habrá que estar pendientes de sus gestos.
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