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Mato ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, que además de garantizar la universalidad de la Sanidad para “todos los españoles” es necesario poner coto a la utilización “ilegal” e “indebida” que hacen algunos extranjeros de la Sanidad española.
La reforma incluye también el control del denominado “turismo sanitario” y “fraudulento“, mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros. Para ello, se añadirá un artículo de una directiva europea que se traspuso erróneamente, lo que impedirá el traslado a España con motivos exclusivamente sanitarios de los extranjeros comunitarios.
La titular de Sanidad ha anunciado que se van a revisar algunos convenios internacionales en materia de sanidad, ya que “muchos” países no reintegran el dinero que deben a España por la atención sanitaria a sus ciudadanos.
Todas estas medidas, ha apuntado la ministra, conllevarán un ahorro de más de 1.000 millones de euros si se controlan los abusos de los pacientes europeos y de otros 500 si se evita que “los inmigrantes traigan a sus familiares sin derecho a utilizar la Sanidad”.