Se lo quita a parados sin prestación

Sanidad y las CCAA acuerdan establecer el copago de entre 8 y 18 euros para los pensionistas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha acordado este miércoles con las comunidades autónomas implantar por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud (SNS) el copago de medicamentos para los ciudadanos con pensiones contributivas, que deberán pagar en las farmacias un 10 por ciento del precio de los medicamentos con receta que consuman hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo, que antes pagaban un 40 por ciento, les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo". Así se ha decidido en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la que también se ha dado el visto bueno a la creación de diferentes categorías para los trabajadores en activo: los que tengan una renta inferior a 18.000 euros seguirán pagando el 40% del medicamento, como hasta ahora, mientras que los que tengan un sueldo superior a esa cantidad abonarán el 50% de los fármacos, un porcentaje que se eleva al 60% para aquellos con rentas superiores a los 100.000 euros anuales.

Con esta medida, Sanidad estima un ahorro anual de 3.500 millones de euros. No obstante, al finalizar la reunión, Mato ha asegurado que esta medida “no tiene afán recaudatorio” y ha pedido “perdón” por tener que tomar estas medidas con las que ha asegurado que “se evita que no haya copago sanitario y que la asistencia sanitaria en España siga siendo gratuita”.

Esta modificación del sistema de copago farmacéutico se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las modificaciones técnicas que necesita.

Asimismo, Sanidad y CCAA también han acordado diferentes medidas sobre el precio de los medicamentos; sacar de la financiación algunos fármacos que no aportan valor terapéutico; incorporar al derecho español una directiva para “acabar con el turismo sanitario”; modificar la cartera de servicios para distinguir entre prestaciones básicas,  suplementarias y accesorias; y apostar por una central de compras para la adquisición de medicamentos y tecnologías, y no sólo  vacunas como hasta ahora.

Con todo ello y otras medidas que las comunidades ya están poniendo en marcha, Mato está convencido de que “se conseguirán ahorrar los 7.000 millones de euros anunciados por el Gobierno”.

Nuevo copago farmacéutico

Tras el acuerdo de Sanidad y las comunidades, la modificación del actual sistema de copago farmacéutico acordado por Mato y las comunidades reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la farmacia, algo de lo que sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.

A partir de ahí, se establecen diferentes categorías “según la renta” para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas. “No pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más, y a partir de ahí se gradúa”, ha explicado Mato.

En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros tendrán no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales.

En el caso de los trabajadores activos, se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta que acaba con el 40 por ciento que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el IRPF, y para familias numerosas.

Para aquellos que ganan más de 18.000 euros anuales, la aportación será de un 50 por ciento, mientras que aquellos trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán a pagar un 60 por ciento, hasta un máximo de 60 euros mensuales.

Mato ha insistido en que “esta medida no tiene ningún afán recaudatorio” ya que, si hubiera sido ese su objetivo, “hubieran optado por otras medidas como la tasa de un euro por receta” de Cataluña que, a su juicio, “no es la más justa”.

El objetivo, ha explicado, es “poner en valor el medicamento” y evitar que “se tiren fármacos a la basura”. España es actualmente el segundo país qué mas fármacos consume “cuando no estamos tan enfermos”, y cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos que han caducado o no se han utilizado. Para combatir estas prácticas, Mato también ha asegurado que están trabajando con las farmacéuticas para adecuar los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento.

Otras medidas

Asimismo, Sanidad y las comunidades han acordado establecer una cartera común de servicios del SNS, que “asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad”.

Para ello, se establece una cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.

Asimismo, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.

Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los cosméticos para pacientes con enfermedades raras.

Por otro lado, Mato ha destacado la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.

Por otro lado, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.

En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.

Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.

Plataforma centralizada de compras

Por otro lado, también se ha tratado sobre la plataforma centralizada de compras, que se considera que permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000 millones.

La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce comunidades autónomas, y que ha supuesto un ahorro de más de 6,2 millones de euros respecto al año pasado, en el que sólo se adhirieron ocho autonomías.