Nº 1691 -  29 / XI / 2014 
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OPINIÓN

Frontera andina de la seguridad jurídica

José Javaloyes
 

En tanto que “las cosas parece que se encauzan”, según el ministro de Industria, mañana, tras de regresar de la colombiana Cartagena de Indias, donde asistió a la Cumbre de las Américas, la presidenta Fernández de Kirchner volverá a reunirse con los gobernadores regionales involucrados en la suspensión de las licencias de Repsol-IPF para operar en los correspondientes espacios de soberanía argentina. Pendientes de saber quedamos a qué cauces se dirigen las aguas de ese macanudo problema del asalto populista argentino a la multinacional española del petróleo.

El presente compás es de estricta expectativa. Por parte española está, de un lado, la movilización empresarial para cubrir los distintos frentes jurídicos del problema, recurriendo a distintos bufetes de abogados, españoles, argentinos y norteamericanos. Por la otra parte, parece lo más probable que se encuentren en un compás de análisis y reconsideración de lo actuado hasta ahora, quizá desde el peso de la sorpresa que les haya podido producir el giro diplomático impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando anunció el relanzamiento de la cuestión de Gibraltar.

En este nuevo contexto de política exterior, de recurso a las bazas jurídicas y políticas de que internacionalmente se pueda disponer, es de advertir que en lo que se refiere a la Unión Europea, la utilidad práctica esperable habrá que fiarla tanto en lo directamente jurídico como en lo específicamente político, pese al hecho en este aspecto de que la UE no se distinga en términos que pudieran definirse de diplomacia común y compartida.

En lo que se refiere a Estados Unidos no debe pasar inadvertida la significativa participación norteamericana en el accionariado de YPF y en el importante extremo de que Repsol-YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York, cosa que confiere jurisdicción a la Justicia estadounidense en supuestos como este del propósito predatorio de la camorra populista de allá, que ha frustrado históricamente el entrevisto destino de primacía hemisférica para la República Argentina.

La pérdida de la seguridad jurídica sería bastante para explicar el contraste entre los dos paisajes, tan opuestos entre sí, entre una y otra vertiente andina, la atlántica de la nación argentina y la del Pacífico chileno. Una, con la ingente riqueza de recursos – contemplada desde el exterior con tanto asombro como recelo, por la inseguridad jurídica que la preside desde el advenimiento del populismo -, y la otra, con una parquedad de recursos naturales de la que sólo escapa con notoriedad el cobre, y el imperio del derecho, tras del trauma bolchevizante del allendismo que sumió a Chile en la ruina, y del régimen militar que restableció la democracia al cabo de una transición autoritaria.

También dentro del sector energético se ha producido en Chile otro hecho de enorme importancia nacional, no en el campo de los hidrocarburos sino en el de la energía eléctrica, a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo que da vía libre al ambicioso proyecto chileno de un conjunto de cinco centrales hidroeléctricas participado por Endesa, dispuestas en el espacio patagónico propio, sobre los dos ríos más caudalosos del país.

Sin recursos petrolíferos significativos, y con una sismicidad que desaconseja en principio las centrales nucleares, visto lo sucedido en Fukushima, el proyecto, cuya realización llevará hasta 1925, aporta la base energética bastante para una segunda industrialización que permitiría la modernización plena de la estructura socioeconómica nacional chilena.

Como no podía ser de otra manera, la oposición a esta ambiciosa iniciativa empresarial estuvo y está protagonizada por un frente ecologista de inequívoco aliento bolivariano, populista, de muy presumible impulso de la actual Bolivia, teledirigida desde La Habana y en la apuesta de que no haya más Cumbres de las Américas mientras la Cuba de los Castro no participe en ellas, tal como acaba de manifestar Evo Morales con su intervención de este fin de semana en Cartagena de Indias.

Un Chile energéticamente emancipado estaría, entre otras cosas, blindado frente a las presiones y los chantajes del populismo instalado en el ámbito iberoamericano, dispuesto además, por ello mismo, a sufragar cuantos movimientos ecologistas o directamente políticos hagan falta contra el sistema de seguridad jurídica, democrático y de libre empresa que representa el Gobierno del presidente Piñera. Dicho de otra manera, para que desaparezcan las diferencias entre las dos grandes vertientes de los Andes.

Volviendo a la cuestión del preanunciado expolio gubernamental argentino sobre Repsol YPF, parece conveniente advertir la necesidad de que la Casa Rosada defina en el más breve plazo posible cuales son sus propósitos al respecto. Toda demora en la aclaración está dañando los intereses españoles y de sus socios afectados en el asunto, puesto que la situación de expectativa generada erosiona gravemente en los mercados el valor de las acciones.

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