Nº 1661 -  30 / X / 2014 
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OPINIÓN

Veinte años de amnistía fiscal

Juan Fco. Martín Seco
 

En esta feria de las vanidades en que se ha convertido el escenario político de los dos partidos mayoritarios destacan los reproches que se dirigen mutuamente acerca de la política económica que practican. Es todo un espectáculo contemplar cómo el Gobierno del PP implementa las mismas medidas que criticó al PSOE, o cómo esta formación política despotrica del PP por aplicar una política semejante a la que ella ejecutó. Los que hoy proponen una amnistía fiscal son los mismos que ayer se escandalizaban del proyecto que acariciaba sobre esta materia el gobierno del PSOE; y los que ayer estuvieron a punto de aprobarla hoy se rasgan las vestiduras ante su solo anuncio.

Puestos a condenar amnistías fiscales, habría que dirigir los dardos en primer lugar hacia esa amnistía fiscal continuada que al menos desde hace veinte años vienen consagrando tanto los gobiernos del PSOE como los del PP, al permitir la pervivencia y expansión de la economía sumergida y de la impunidad del dinero negro. Durante todos estos años; con independencia del signo político del partido en el poder, se ha carecido totalmente de voluntad política para combatir el fraude fiscal. La Agencia Tributaria ha languidecido en un mero cumplimiento del expediente sin que sus responsables políticos hayan puesto el menor interés en el empeño, cosa bastante lógica, por otra parte, si consideramos que a menudo provenían de despachos de asesoría fiscal o pensaban incorporarse a ellos tan pronto como cesasen en su puesto. Cuando todos los ministros de Hacienda y de Economía aspiran a ocupar un sillón en los consejos de administración de las grandes empresas, ¿cómo van a tomarse en serio el fraude fiscal?

Fue el mismo partido que ahora está en el Gobierno el que modificó hace más de diez años la Ley General Tributaria para hacerla más laxa, reduciendo, por ejemplo, el monto de las sanciones o el periodo de prescripción de las deudas. También se modificó el Código Penal para hacer más difícil -si es que cabía- el hecho de que un defraudador fuese condenado por delito fiscal. Resulta paradójico que cualquier raterillo pueda ir a la cárcel por sustraer una pequeña cantidad de dinero, y sin embargo, sean tan restrictivos los requisitos y condiciones para que alguien que defrauda a la Hacienda Pública -que en definitiva es un robo a todos los ciudadanos- pueda ser condenado por delito fiscal.

Fue el anterior gobierno el que ante la lista facilitada por Francia, compuesta por mil quinientos contribuyentes de los más ricos del país y que tenían cuentas opacas en Suiza, lejos de movilizar a la inspección tributaria y a la fiscalía anticorrupción en su persecución, se limitó a avisarles enviándoles un amable requerimiento para que fuesen buenos chicos y regularizaran su situación fiscal. Y también fue el anterior gobierno el que detuvo la actuación inspectora acerca de las SEUDOSICAV y traspasó la competencia a la CNMV con la finalidad de que las grandes fortunas del país no fuesen sancionadas.

Y todos los gobiernos, de uno y otro color político, han ido acumulando deducción sobre deducción en el Impuesto sobre Sociedades a efecto de que ni siquiera sea necesaria la defraudación, puesto que la ley proporciona suficientes agujeros para hacer posible la elusión fiscal, de manera que el tipo efectivo no alcanza ni el 10%. El actual Ejecutivo, enfrentado al problema del déficit, se ha visto en la necesidad de corregir parcialmente este desaguisado. Bienvenidas sean estas modificaciones en este impuesto, pero ¿qué ha ocurrido durante los años anteriores?

Ante esta amnistía permanentemente renovada a lo largo de tanto tiempo, la que ahora se aprueba, amén de injusta, no parece tener demasiado sentido ni que vaya a resultar de eficacia recaudatoria alguna. ¿Por qué pagar si nadie les apremia a ello? Las regularizaciones fiscales pueden aflorar un monto importante de dinero negro y proporcionar sustanciales recursos a la Hacienda Pública cuando van acompañadas de una serie de reformas, tanto legales como administrativas, señales inequívocas de que la lucha contra el fraude fiscal va a emprenderse en serio. Nada de eso se prevé en la actualidad. Todo queda reducido al anuncio de un plan de los que se vienen presentando sin mayor virtualidad cada año y además, según parece, centrado en perseguir el fraude en el seguro de desempleo. Da la impresión de que este es el único que importa.

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