Víctimas del franquismo exigen al Supremo que aclare qué órgano es competente para investigar los crímenes

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El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha avanzado este lunes, tras conocer este lunes la absolución de Baltasar Garzón en la causa por los crímenes del franquismo, que solicitarán al Tribunal Supremo que resuelva “con carácter de urgencia” el conflicto de competencias sobre los órganos que deben asumir la apertura de fosas de la Guerra Civil. En la misma línea, una decena de organizaciones de derechos humanos han celebrado la absolución aunque han recordado que sigue sin conocerse quién tiene la competencia para investigar los asesinatos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En un comunicado conjunto, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) o la International Commision of Jurist, entre otras organizaciones, muestran su “profunda preocupación” por el “grave daño” causado a Garzón y al Poder Judicial en su conjunto desde la apertura del proceso.

La asociación presidida por Emilio Silva ha acogido “favorablemente” la absolución de Baltasar Garzón por investigar los crímenes y desapariciones del franquismo, aunque ha apuntado que desconoce aún los argumentos de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y si ésta establece “algún tipo de restricción” sobre la investigación de estos casos.

Silva ha confesado que él pensaba que el juicio acabaría en una sentencia condenatoria. “Cuando la Justicia, con todo lo que supone un caso como éste, lo lleva ante un juicio es porque hay muchas evidencias y choca un poco esa desproporción entre todo lo que ha ocurrido y cómo ha quedado la votación”, ha argumentado.

Además, ha tildado de “preocupante” el papel mantenido por el juez instructor Luciano Varela al “extralimitarse” en su actuación y recomendar a las partes las correcciones que debían hacer en sus escritos de acusación.

“Vamos a reclamar al Tribunal Supremo que resuelva con carácter de urgencia un conflicto de competencias que rebotó la causa a decenas de juzgados, de los cuales muchos no han hecho nada y otros, los de San Lorenzo de El Escorial y Granada, han rechazado la inhibición”, ha apuntado Silva.

“Ante una situación similar no puede ser que la Justicia ofrezca tres respuestas diferentes”, ha indicado, para expresar que, a su juicio, el Supremo debería haber resuelto sobre la competencia antes de juzgar al exjuez de la Audiencia Nacional.

“La intervención de los poderes públicos debe ser urgente para eliminar el sufrimiento que tienen las familias”, ha expresado, para señalar que, a ello se suma, que muchos afectados son personas de avanzada edad. Así, ha recordado que uno de los testigos, Jesús Pueyo, murió poco antes de poder contar su experiencia en el Supremo.

Por último, ha destacado que las familias seguirán trabajando en la exhumación de los restos de los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo enterrados en fosas, gracias a los “grupos voluntarios” que ayudan en esta labor. “Debería tener alcance político el derecho de identidad y el derecho a poder enterrar a un ser querido dignamente”, ha concluido.

Justicia para las víctimas

En la misma línea, una decena de organizaciones de derechos humanos han celebrado la absolución aunque han recordado que sigue sin conocerse quién tiene la competencia para investigar los asesinatos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

En un comunicado conjunto, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) o la International Commision of Jurist, entre otras organizaciones, muestran su “profunda preocupación” por el “grave daño” causado a Garzón y al Poder Judicial en su conjunto desde la apertura del proceso.

“El juez Garzón nunca debería haber sido enjuiciado por el solo hecho de cumplir con la obligación jurídica de investigar graves violaciones de derechos humanos ocurridos en el pasado, de conformidad con la legalidad internacional”, subrayan.

Las asociaciones han instado a las autoridades españolas a que garanticen de manera efectiva “verdad, justicia y reparación” para las víctimas de estos crímenes.

Por todo ello, reclaman al Tribunal Supremo que determine cuál es el tribunal competente para investigar estos hechos y asegure la reparación “para las 114.266 víctimas de crímenes de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales” cometidas durante la Guerra Civil y el régimen franquista.