Nº 1600 -  30 / VIII / 2014 
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OPINIÓN

Valencia: Una cadena de despropósitos

José Oneto
 

Lo que era una simple protesta por la falta de calefacción en el Instituto Lluís Vives de Valencia, protesta que comenzó, hace una semana, con un corte de tráfico que duró apenas diez minutos, en los alrededores del Instituto, se ha convertido en un auténtico problema para el Gobierno de Mariano Rajoy, preocupado, sobre todo, por la imagen internacional de España, en unos momentos, en que en muchos sectores, se quiere identificar cualquier tipo de protesta en la calle, con las manifestaciones que se están produciendo en Grecia, en contra de las medidas de ajustes dictadas por Bruselas y por el Fondo Monetario Internacional.

De este modo, la desproporcionada actuación policial contra unos jóvenes menores de edad que cortaban el tráfico, en protesta por los recortes en educación, y posteriormente, las cargas indiscriminadas contra ciudadanos que ni siquiera participaban en las protestas, han creado tal caldo de cultivo que han convertido algo perfectamente controlable, en un problema que se ha desbordado, por la incompetencia de la delegada del Gobierno en Valencia Paula Sánchez de León y, por la actuación desproporcionada del Jefe Superior de Policía, Antonio Moreno.

En una auténtica cadena de despropósitos, la delegada del Gobierno, cuyo cese a medio plazo parece inevitable, culpa a la Policía (que depende de ella y de ella es de quien recibe las correspondientes instrucciones ), de la forma en que ha intervenido contra los manifestantes, sin tener en cuenta que ese Jefe Superior de Policía, es el mismo que ha tenido que resolver en Valencia, situaciones más complicadas ante manifestaciones contra la corrupción o movilizaciones del 15-M, al tiempo que ese alto responsable policial, en otro despropósito, llama “enemigos” a quienes se manifiestan legítimamente en las calles.

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una primera reacción habla de “excesos policiales” en el tratamiento de los incidentes para, horas más tarde, al ser acusado de “cobardía” por los sindicatos policiales, dar marcha atrás y aclarar que cuando hablaba de “excesos” se refería a incontrolados que se habían mezclado con los manifestantes, mientras su compañero de gabinete, el ministro de Educación y Cultura José Ignacio Wert acusa al PSOE en el Congreso de los Diputados de estar al lado de los violentos y de los que infringen las leyes.

Cerrando esa cadena de despropósitos, el presidente del Gobierno, desde Londres, se lamenta de que los incidentes afecten a la imagen internacional de España (el miedo a la identificación con Grecia) y como si fuese un simple observador o un tertuliano se limita a despachar la grave situación, apelando a la “mesura y al sentido común”.

Y, finalmente, por si faltase poco, desde el Partido Popular, se distribuye un argumentario para poner de manifiesto, sin ningún tipo de pruebas, que no hay recortes en educación (no dicen nada de la falta de calefacción en los centros escolares), que los estudiantes están siendo utilizados, que la mayoría de los manifestantes no son estudiantes, que detrás de todas las movilizaciones callejeras, está la oposición, que cortar el tráfico es ilegal y que las manifestaciones no tenían el correspondiente permiso gubernativo.

Nada de la falta de mesura y de sentido común, según la doctrina Rajoy, de la delegada del Gobierno, cuyo cese se ha pedido este miércoles por miles de manifestantes que han vuelto a salir a la calle, ni del comportamiento del Jefe Superior de Policía que, según la versión de la delegada, en su intento de rehuir cualquier tipo de responsabilidad, sería, junto con sus mandos que están en la calle, el principal causante de la situación sobre la que tendría que informar cuanto antes el ministro del Interior en el Parlamento.

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