Los directivos de las empresas de control estatal van a tener que conformarse con un salario menor. Lo ha decidido el Gobierno con la imposición de un límite de 105.000 euros al salario anual de los directivos en las grandes empresas. Este límite será más bajo en las empresas de tamaño medio y más bajo aún en las del tamaño pequeño. Las decisiones del Gobierno en relación con los directivos de las empresas públicas se completan con una reducción del número de integrantes de los órganos de dirección y representación, de forma que los Consejos de Administración, un órgano que suele ser utilizado para agradecer servicios prestados en otros ámbitos, quedan reducidos a 15 integrantes en algunos casos y a 12 en otros, frente a Consejos que en la actualidad están mucho más densamente poblados. Además, se establece un sistema de bonificaciones complementarias (la denominada “retribución variable”) en función de resultados. Y un complemento salarial para diferenciar a los responsables de las compañías en sus diversos cargos de responsabilidad.
Se trata de un meritorio intento de poner un poco de mesura a las retribuciones de los empresarios políticos o políticos empresarios, la inmensa mayoría de los cuales no tiene más mérito para figurar en la cúpula de una entidad empresarial que el de haber sacado el carnet de afiliado a un partido político que en un momento dado ha logrado un buen resultado electoral. A veces, ni siquiera el mandato de gobernar.
Los méritos empresariales de la práctica totalidad de los “políticos empresarios” suelen quedar en la más absoluta penumbra y en ocasiones hay empresas públicas que, a pesar de gestionar actividades que no están en el mundo de la competencia, presentan resultados negativos en sus cuentas de explotación y en sus balances. Se ha argumentado estos días que la aplicación de normas estrictas a los salarios de las empresas de control público podría provocar una huida de los cerebros realmente valiosos que existen en el sector empresarial público, hipótesis que puede ser admitida como válida pero que de ninguna forma se podría emplear para dar validez a la mayoría de cargos del sector, que resultan perfectamente reemplazables casi siempre.
La regulación a la baja de los salarios en empresas públicas llega poco después de que se hayan encendido algunas luces de alarma sobre el elevado número de sociedades dependientes del Estado que, sin embargo, se mueven en la periferia del control público. Cuesta trabajo entender cómo un país como España ha podido llegar a 4.000 empresas de control público. A una media de diez consejeros por empresa, estaríamos hablando de 40.000 políticos metidos a empresarios. Una cifra más ajustada a la realidad estaría claramente por encima. Tal desmesura en el número de empresas se explica por la necesidad de satisfacer el agradecimiento de filiaciones políticas recorriendo a fórmulas menos expuestas a la curiosidad pública que la pura pertenencia a un cargo político. La cifra ha crecido como la espuma a lo largo de la democracia, ya que en los años 70 en España las empresas públicas podían contarse con los dedos de unas pocas manos.
El crecimiento en el número de empresas ha estado motivado no sólo por la necesidad de los partidos políticos y hasta las organizaciones sindicales de regar con generosidad los bolsillos de unos cuentos miles de adictos sino porque las empresas públicas han ido convirtiéndose con el paso de los años en una necesidad de los gobiernos regionales, sobre todo, con vistas a disponer de capacidad de maniobra financiera y de recursos económicos que no pasan por los Presupuestos ni en ocasiones ni siquiera por la Intervención del Estado. Es, por lo tanto, un mundo opaco en el que los partidos políticos tienen su “caja negra”, con la que satisfacen sus desvaríos presupuestarios y las voluntades de ciudadanos cuya adhesión resulta necesaria.
La enfermedad de la empresa pública ineficiente e innecesaria, a veces pura tapadera de un gasto público disimulado con apariencias engañosas, está muy extendida en el país, de forma que atañe a todos los partidos políticos y en todas las latitudes, desde luego con mayor intensidad en aquellos casos en los que se ha dado una permanencia prolongada en el poder. Puestos a poner un poco de orden en esta jungla, se entendería mucho mejor que los dos grandes partidos gobernantes y algunos otros partidos que ocasionalmente les prestan su apoyo o que gobiernan de forma esporádica en algunas Autonomías, se uniesen para atajar las disfunciones de este complejo entramado empresarial. Sería quizás una garantía de mejor cumplimiento de unas normas de ortodoxia contable y de mejora en la eficacia del sector empresarial público restante.
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