Las primeras reacciones exteriores a la reforma laboral española han sido, aunque posiblemente superficiales y con poco análisis a sus espaldas, bastante positivas. Casi todo lo que ha ido sucediendo en los últimos días en relación con la reforma se ajusta a lo previsible y al guión ya establecido.
Los sindicatos no han tenido una respuesta explosiva, pero sí de rechazo, si bien siguen sin proponer medidas alternativas, profundizando en su actitud meramente defensiva. Su propuesta de huelga general está de momento tan diluida como incierta: los líderes sindicales la mencionan como elemento fijo de cualquiera de sus declaraciones, pero ni se atreven a asegurar que la van a convocar ni mucho menos le ponen fecha, aunque en alguna declaración se ha aludido vagamente al otoño próximo, quizás esperando que para entonces se haya podido caldear un poco el ambiente. Todo será que las cifras de desempleo empiecen a dar un giro a mejor, en cuyo caso convocar una huelga general resultaría temerario. ¿Cómo responder con una huelga general a una ley que por primera vez en siete años ha empezado a crear empleo en España? Temerario y grotesco al mismo tiempo. Por lo tanto, los sindicatos saben que la convocatoria de una huelga general tendría que ser razonablemente inmediata. Posponiéndola más allá de la cuenta, cuando hipotéticamente el paro haya dejado de aumentar e incluso podría estar retrocediendo, se exponen a caer en una auténtica contradicción. Resulta patente el temor de los líderes sindicales al fracaso de la convocatoria, posiblemente el principal motivo que explica sus muchas dudas a la hora de convocarla.
Entre los partidos políticos, el PSOE jugará la baza de apoyo al movimiento sindical contestatario, sin aportar mucha credibilidad debido a su reciente estancia en el Gobierno, tras la cual han colocado en el desempleo a más de 5 millones de españoles. No es, por lo tanto, una buena credencial para arroparse de razones. Además, Zapatero hizo el gesto de una reforma laboral para contentar a sus socios europeos, reforma que se limitó a leves retoques que han pasado desapercibidos y que no han servido para mejorar nuestro crédito internacional ni, por supuesto, que era lo importante, para frenar la sangría del desempleo. Hay que recordar que durante los dos últimos trimestres del mandato de Zapatero, el paro experimentó una palpable aceleración, a pesar de que la reforma que abordó el Gobierno saliente estuvo en vigor durante año y medio aproximadamente, el tiempo que media entre el verano del año 2010 y el final de la legislatura socialista, en noviembre del año 2011.
El hecho de que los analistas y expertos internacionales hayan aportado una primera valoración positiva (la OCDE, la Comisión Europea y el Gobierno alemán se han expresado en esta dirección) no significa que la reforma propuesta sea un dechado de virtudes. Su verdadera eficacia tendrá que medirla el tiempo y la aplicación de sus diversas previsiones. De entrada, la reforma tiene una música que gusta en los ambientes económicos en la misma medida que suscita el rechazo de los sectores sindicales. En ambos, la palabra y la noción de flexibilidad suscitan sentimientos manifiestamente encontrados y opuestos. Lo que para los empresarios es una virtud de toda norma, para los sectores sindicales es un desafío a los derechos constituidos. Son las dos versiones de la economía que cada día vemos confrontadas en la actividad económica del país, la opción liberal y la intervencionista, una con simpatías indudables en el sector empresarial, la otra con certificado de calidad entre las organizaciones sindicales.
Además, en este caso no se puede decir que los expertos se encuentren en el punto de equilibrio o en la equidistancia. Por lo general, los analistas y expertos están bastante inclinados a considerar las virtudes de la desregulación como superiores a las del rígido intervencionismo que tradicionalmente ha imbuido a la legislación laboral española y a la actitud de las organizaciones sindicales.
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