Las reacciones que ha suscitado el contenido de la reforma laboral han entrado por lo general dentro del campo de la mesura. Salvo el opositor Partido Socialista, que parece dispuesto a utilizar este asunto como base de su estrategia de marcar distancias frente al Gobierno en el inicio de su nueva etapa lejos del poder, las demás valoraciones han entrado en un terreno de mayor comedimiento, aunque todavía está por ver la reacción que suscitará entre los organismos internacionales y entre las autoridades de Bruselas, así como entre los expertos internacionales. La reforma, además, ofrece márgenes abiertos todavía para la modificación de su contenido, lo que le confiere un carácter no plenamente definitivo.
Hay una sensación generalizada fuera de España de que la regulación del mercado laboral español obedece a unas pautas que en Europa ya fueron desmontadas en los años 40 del pasado siglo, cuando Europa se dotó de un esquema laboral propio de economías avanzadas y de regímenes democráticos respetuosos con las libertades sindicales. España, por el contrario, ha mantenido demasiado tiempo las pautas propias del sindicalismo vertical, corporativo y severamente marcado por la conciencia de la lucha de clases, un estilo que ha desaparecido hace ya tiempo en las democracias occidentales.. España era el último reducto de ese estilo de abierta confrontación entre sindicatos de clase y patronal, cuya fraseología sigue salpicando aún hoy, con ocasión de las valoraciones de la nueva legislación laboral, los discursos de algunos dirigentes sindicales y políticos. Por fortuna, con intensidad claramente decreciente.
Se esperaba con impaciencia la respuesta sindical, de la que ya hemos tenido un primer avance con las manifestaciones del próximo domingo y con la predisposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades laborales, que se iniciará este mismo lunes. Los sindicatos son conscientes de que el país no está para un movimiento masivo y continuado de confrontación, una oposición a la griega, en donde las aristas de la larga negociación del Gobierno con las autoridades comunitarias son demasiado evidentes y generalizadas como para no justificar un rechazo popular masivo.
No es desde luego el caso español, entre otras cosas porque la demanda de una reforma laboral, de un cambio en las leyes que regulan las relaciones dentro de la empresa, viene de largo y había alcanzado en los últimos meses una intensidad clamorosa. La evolución del desempleo, con más de 5 millones de personas en paro, es la mejor denuncia contra el sistema. Hay que cargarse de muchas razones para sostener que la legislación vigente era neutral con la destrucción de empleo. Por desgracia, esas razones han tenido un peso determinante y se han convertido en un aval para el cambio. Desde luego, no para cualquier cambio. Pero sí para un cambio en la dirección adecuada, que no puede ser otra que el aumento de la flexibilidad en las leyes laborales, una mayor predisposición a la búsqueda de mecanismos que permitan a los gestores empresariales adaptar sus costes a las necesidades del momento y a las exigencias de la competitividad.
Parece que en términos generales esas condiciones han quedado aceptablemente reflejadas en la nueva regulación laboral, lo que no quiere decir que no sean susceptibles de cambios que reflejen todavía mejor la voluntad de los agentes sociales. Una de las exigencias del cambio laboral es que sea percibido por la comunidad internacional como un deseo expreso de sentar las bases para que España sigua siendo el paraíso del desempleo. Otra de las exigencias es la de que los inversores y los empresarios consideren que el nuevo marco legal les garantiza más confianza para sus inversiones y para el desarrollo de sus proyectos, teniendo en cuenta que las iniciativas empresariales en España no sólo son obra de los empresarios domésticos sino de la inversión extranjera, que ha jugado un decisivo papel en el crecimiento económico del país, papel que en los últimos años ha pasado a un segundo o tercer plano.
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