Denuncia del fiscal Villarejo

Villarejo carga contra el Supremo: “Es una casta de burócratas al servicio de la venganza”

"El Supremo es una casta de burócratas al servicio de la venganza". Así de contundente ha reaccionado el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo tras conocer el fallo del Tribunal Supremo que ha condenado a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por las escuchas de la trama Gürtel. Villarejo, en declaraciones a la cadena SER, considera que “el Supremo es un tribunal arrodillado a la corrupción que representa Gürtel”. Asegura que con esta sentencia los jueces Luciano Varela y  Manuel Marchena "han acreditado su enemistad expresa" con Baltasar Garzón. “A partir de un tribunal que es nulo, de una sentencia que carece de fundamentos rigurosos y la culminación de una venganza institucional, es un día para estar abochornado”, afirmó Villarejo.

“El Supremo es un tribunal arrodillado a la corrupción que representa Gürtel; hoy es un día de vergüenza para el sistema democrático, judicial y para el Tribunal Supremo”, ha lamentado el exfiscal Anticorrupción.

Considera que “nunca podrán perdonar a un juez como Garzón, que ha ordenado la detención de Pinochet, que ha girado 180 grados la justicia universal, que ha puesto en marcha los mecanismos de la persecución de la delincuencia financiera, que ha hecho frente como nadie al terrorismo de Estado de los GAL o que ha impulsado como nadie lo que ahora estamos viviendo como el final del terrorismo de ETA”.

Por todo ello, califica al Supremo como una “casta de burócratas al servicio de la venganza institucional”. “Esta sentencia es un balón de oxígeno para la corrupción imperante en España y una coerción expresa a cualquier magistrado que decida acordar un sistema de investigación legítimo como son las escuchas telefónicas”, asegura Villarejo.

Cree que la expulsión del juez de la carrera judicial “es una tragedia para la magistratura, para el poder judicial y para el sistema democrático”. Una sentencia, que según su opinión, es ” sesgada, errónea y con una profunda maledicencia”.

Concluye subrayando que “defender a Baltasar Garzón es defender los derechos humanos del atropello del Tribunal Supremo, que no es digno de llamarse ni supremo ni tribunal”.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha eludido hoy hacer valoraciones sobre la inhabilitación a su colega Baltasar Garzón y se ha limitado a decir que cree “en la Justicia y en el Tribunal Supremo”.

“Podría hacer muchas manifestaciones pero no voy a hacer ninguna salvo la típica, la que todos conocen, pero la digo de corazón: creo en la Justicia y en el Tribunal Supremo”, ha proclamado antes de impartir una conferencia en Vigo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los delitos societarios.

Ante la insistencia de los periodistas, el que fuera instructor de los atentados del 11-M ha añadido que “un juez que no cree en la Justicia, mejor que se vaya a otro sitio”, para a continuación dar por zanjado el tema.

Una sentencia “independiente e imparcial”

Por otro lado, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, defiende que el Tribunal Supremo ha adoptado desde “la independencia, la imparcialidad y el más absoluto respeto al principio de legalidad” la sentencia condenatoria del juez Baltasar Garzón, tras haber celebrado un juicio “con todas las garantías”.

Desde el Poder Judicial, ha reclamado “como siempre” respeto hacia las decisiones judiciales y ha recordado que, en esta ocasión, se ha tomado “por unanimidad” de los siete magistrados de la Sala de lo Penal. “Toda la ciudadanía ha podido comprobar que hemos puesto todos los medios para que este juicio se haya celebrado con la máxima transparencia”, ha agregado.

En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha afirmado que la sentencia “era esperada porque el auto tenía una alta solidez jurídica”. Asegura que existían “indicios que apuntaban a la responsabilidad penal de Garzón” y añade que “ahora se ha corroborado la sospecha”.

El magistrado ha indicado que Baltasar Garzón “es reconocido por los servicios prestados al país y ha añadido que “para la judicatura resulta duro que un miembro suyo tenga que ser condenado por un ilícito penal”.

No obstante, ha comentado que esta resolución “pone en evidencia que España es un Estado de Derecho en el que se protege a los ciudadanos y en el que el Tribunal Supremo enjuicia con equidistancia y neutralidad, aunque el enjuiciado sea un destacado miembro de la judicatura”.

Finalmente, Llarena ha recordado que Garzón ha sido el “responsable de investigaciones de alta trascendencia para el Estado” pero ha lamentado que su carrera “acabará marcada por un saldo negativo que es haber sido sancionado por dictar una resolución injusta a sabiendas de esta injusticia”.

“Nadie está por encima de la ley”

Por último, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha señalado este jueves que no le gusta que se condene a un juez pero ha subrayado que en un Estado de Derecho “nadie está por encima de la ley”.

Recuerda que el CGAE ya señaló al principio del proceso, aludiendo para ello a la legislación y la doctrina establecida por el propio Tribunal Supremo y también por el Tribunal Constitucional, que “no es posible interceptar las comunicaciones entre abogado y cliente” salvo “cuando se trata de delitos de terrorismo y la escucha se ha acordado, además, en resolución motivada por un juez” y cuando “el sospechoso de delinquir es el propio abogado”.

En consecuencia, si se intervienen las conversaciones entre abogado y cliente al margen de estos dos supuestos, “no solo se trataría de una ilegalidad, sino que se socavarían los propios cimientos de un Estado de Derecho”, ya que ello supone, en la práctica, abolir “el derecho de defensa”, que es “el más sagrado de los derechos, de forma que si lo anulamos, estamos anulando a la justicia toda”.

En cualquier caso, Carnicer ha reconocido que “no es lo mejor que puede pasar en una democracia, ni mucho menos, que un juez sea condenado”, y a la Abogacía Española no le gusta “que se condene a un juez” pero ha recordado que no es su “misión” establecer “si la sanción (en este caso) es suficiente o excesiva, o si existen razones para pensar que el juez en cuestión ha incurrido en un delito tipificado en las normas penales”.

Lo que sí tiene claro el presidente del CGAE es que “nadie está por encima de la Ley”, pues, como ha argumentado, “la Ley vincula a todos los poderes públicos, y también al poder judicial y, por tanto, no hay nadie inmune a la Ley, salvo el jefe del Estado y en determinadas condiciones”, reiterando en este punto que, al no conocer la sentencia, no puede decir si Garzón ha “cruzado la frontera” de la Ley o no, pero que, en cualquier caso, “su carrera judicial quedará afectada, sin duda”.