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El recurso solicitaba la suspensión de la puesta en práctica de la ley Sinde “hasta que exista una opinión judicial que la avale”.
La Asociación de Internautas impugnó la ley Sinde por considerar que atribuye a un órgano administrativo (la comisión de propiedad intelectual) competencias asignadas por ley a los jueces.
Asimismo, la asociación cree que la comisión de propiedad intelectual establece “infracciones difusas y sanciones sin la habilitación legal precisa, creando una notable inseguridad jurídica que pone en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos” como las libertades de expresión e información.
La demanda también denunciaba que la ley Sinde contradice sentencias de los Tribunales Supremo y Constitucional al desarrollar leyes como la del Comercio Electrónico, la Propiedad Intelectual y de la Jurisdicción Contenciosa.