En apenas diez días, media docena de las principales empresas españolas (bancos y compañías de primer nivel) ha logrado créditos de los mercados, básicamente internacionales, por un importe global de más de 7.000 millones de euros. Es un buen síntoma. El crédito exterior vuelve a confiar en el riesgo español, una vez que las agencias de calificación parecen haber estabilizado sus valoraciones o están a punto de dar por cerrado su ajuste a la baja, que nos ha hecho bajar varios escalones en la liga mundial de la gente solvente.
Ese descenso ha sido, en realidad, algo menor de lo que aparenta porque las rebajas han sido generalizadas o al menos muy extendidas, de modo que la virtud de la solvencia no ha estado a la altura de lo deseable en la mayoría de las grandes empresas ni por supuesto de los Estados. Baste con recordar que el nivel de triple A que concede la agencia Standard & Poor’s, la agencia más extendida entre las tres grandes, está reservado a apenas 15 países, diez de ellos europeos. Es decir, a la hora de invertir en títulos emitidos por empresas o Estados, los inversores no sólo se fijan en los valores absolutos de la solvencia de cada uno sino en los diferenciales entre los candidatos.
La avalancha de emisiones de estos últimos días (iniciada por Santander, seguida por Banco Sabadell y completada este martes por Telefónica, BBVA, Repsol y Banesto) es una buena noticia para España porque pone de relieve que algunos de los males que aquejaban a las grandes empresas españolas empiezan a disiparse. Más del 70% de la inversión o de los fondos prestados a estas seis compañías españolas procede de los mercados exteriores, sobre todo de inversores institucionales, como fondos de inversión o compañías de seguros, cuyos criterios de compra de activos se rigen más por valoraciones profesionales que por intuiciones o actitudes emocionales o de simpatía. A estas emisiones realizadas por empresas españolas domiciliadas en España hay que sumar alguna operación puntual de empresas filiales de compañías españolas, que emiten en los mercados exteriores, caso de la filial BAA de Ferrovial, que opera en Gran Bretaña de forma exclusiva, en donde obtiene recursos financieros del mercado abierto.
Que el sector privado de la economía esté logrando financiarse de forma quizás incipiente es bastante favorable para la economía española porque entre los tres grandes agentes económicos (el Estado, las empresas y los particulares), el nivel de deuda español es bastante más elevado de lo que se suele decir. Algunas estimaciones lo sitúan en el 350% del PIB, un nivel que requiere una urgente tarea de amortización para evitar que el servicio de la deuda total devore a la economía.
De esta deuda, la del Estado es realmente moderada, ya que representa el 66% del PIB según datos que acaba de elaborar Eurostat correspondientes a estimaciones de cierre del año pasado. Este porcentaje subirá previsiblemente cuatro o cinco puntos a finales del año 2012 y añadirá alguno más en el curso de 2013, lo que llevará el nivel de endeudamiento público español a cotas del orden del 75% del PIB. Es decir, bastante por encima de lo establecido como límite en el Pacto de Estabilidad europeo.
La urgencia en ajustar la deuda privada a la baja es una de las prioridades de la economía. De momento, la refinanciación parece que no está tropezando con problemas serios o, al menos, se ha reanudado el flujo de entrada de dinero nuevo para poder devolver deudas anteriores, ya que las empresas no están en fase de inversión sino de ajuste en sus balances. Algunas estimaciones hablan de unas necesidades de refinanciación totales para el conjunto de la economía de 400.000 millones de euros durante todo el año. Las primeras gotas en este mar de deudas han hecho su aparición, pero la tarea pendiente es considerable.
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