La reforma financiera plasmada ya en el BOE acaba de abrir un periodo de intensas especulaciones sobre los posibles matrimonios en el sector. Como muchos de los protagonistas cotizan en Bolsa, no es de extrañar que el mercado bursátil se vea saturado en estas próximas semanas de rumores y altibajos en las cotizaciones, acentuando un nivel de volatilidad que ya está siendo considerable.
Lo primero que salta a la vista es que el entusiasmo de las entidades potencialmente compradoras (es decir, Santander, BBVA y La Caixa) es más bien modesto por razones fáciles de entender (se complican la vida con compañeros indigestos en un mercado, el español, en el que ahora mismo apenas tienen puestos los ojos, volcados como están en su diversificación exterior y en los mayoritarios beneficios que de ella obtienen) y porque el Gobierno no ha enunciado ningún tipo de incentivo a la hora de impulsar sus objetivos.
Son dos motivos para limitar la eficacia deseada y deseable en este plan de reorganización del sector financiero salido de la pluma de Luis de Guindos. En la práctica, no está muy claro que sea una buena idea la de hacer reposar en los tres grandes del sector bancario español la responsabilidad de impulsar la reorganización del sector, cuando ya han tenido oportunidad para ello y no lo han hecho de forma voluntaria. El hecho de que ahora vayan a hacerlo sin incentivos, como al parecer pretende el Gobierno, parece poco realista. Es difícil que el Gobierno pueda seguir manteniendo la poco creíble afirmación de que la reorganización bancaria no le va a costar ni un euro al contribuyente.
Además de la escasez de motivaciones para adquirir a colegas en quiebra sin ayudas, o con escasos apoyos financieros, no parece haber quedado muy clara la obligación a la que se enfrentan las entidades a la hora de comprometer objetivos precisos de concesión de créditos. Parece que la redacción final de estos propósitos se ha quedado bastante deslucida y muy lejana de las pretensiones iniciales de los autores de la norma. Está claro, y es una demanda social muy extendida, que la economía necesita financiación, ya que hay muchas necesidades insatisfechas y muchos activos pendientes de asignación, lo que es prácticamente la situación en la que se encuentra el sector inmobiliario.
Pero partiendo de la base de que la esencia del negocio bancario es la concesión de crédito y que ningún gestor bancario rechazaría la posibilidad de dar un crédito si existen las condiciones suficientes para ello (disponibilidad de dinero y prestatario solvente), la decisión de financiar a los agentes económicos está limitada en nuestro caso, el de la economía española, por insuficiencias palpables en ambas vertientes. Es decir, no hay recursos en los bancos para desarrollar una política crediticia expansiva debido a los problemas de financiación, aún sin resolver, que tiene la propia banca. Y, además, la calidad de los prestatarios es muy endeble en unos momentos de crisis económica, en los que la escasez de proyectos de inversión es manifiesta y las pocas demandas de financiación están orientadas a refinanciar, es decir, a poner dinero nuevo para financiar la devolución de dinero anterior, un negocio que a los banqueros les suele resultar preocupante en la medida en que puede ser la antesala de una insolvencia crediticia.
La fijación de objetivos de financiación a las entidades que salgan de las fusiones posiblemente no será un obstáculo serio para que el Gobierno autorice las operaciones de reorganización bancaria, pero es un argumento más que puede pesar en el ánimo de algunos compradores, ya que si encima de asumir una carga comprando una entidad con problemas debe comprometerse con el cumplimiento de objetivos de crecimiento crediticio, el atractivo de la operación resulta más que discutible.
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