Habrá que leer con detenimiento, para enterarnos, el contenido de la disposición legal mediante la cual el titular de Economía pretende remodelar todo el sector financiero. Este viernes, el Consejo de Ministros dará luz verde a la mayor operación de reordenación sectorial que haya conocido la economía española en su historia. Es una reorganización se supone que voluntaria pero que, según ha explicado su autor, tiene tres finalidades: zanjar de una vez por todas las dudas sobre la solvencia del sector bancario español mediante una masiva movilización de capitales para sanear los balances, lograr poner en el mercado los pisos que los bancos tienen en sus carteras mediante una puesta de los mismos a precios de mercado y, en tercer término, desafiar a los protagonistas del sector a que pongan en marcha una especie de selección natural, que haga desaparecer (o casi) a los malos gestores para encomendar los restos a los buenos gestores, todo ello mediante un proceso que debería tener a las fusiones como principal mecanismo de actuación.
Las tres finalidades se completan con un apoyo a la limpieza del sector, ya que se estima que un 20% de su capacidad es todavía a estas alturas ociosa. Y una característica más: todo ello deberá realizarse sin que a los contribuyentes les cueste un euro. Y además debería derivar en una conclusión irrenunciable, que la economía española recupere su capacidad de financiación, huérfana en la actualidad por culpa de la parálisis bancaria existente en toda Europa.
La operación tiene indudablemente sus riesgos y no está exenta de un cierto grado de demagogia, en la medida en que se pretende garantizar la inexistencia de dinero público en todo el conjunto de actuaciones. Bien se sabe que todos los procesos de ajuste de personal (aunque fuera esa la única rendija por la que entraría el dinero público) derivan en importantes costes para la Hacienda. Y en la reorganización bancaria que se pretende ahora existe una importante necesidad de reducción de empleo. La aportación de dinero público habrá de venir por otras vías, como la participación del Frob en sus diferentes capas de actividad. Defender la idea de que al Estado no le va a costar ni un euro todo este cambalache es pretencioso y, a sabiendas, muy poco realista.
Las cifras de la nueva ofensiva ya son conocidas desde que el ministro de Economía las aireó en Financial Times hace dos meses, 50.000 millones de euros, que se suman a los 66.000 millones de euros que el sector ha destinado a sanear sus activos desde el año 2008. Los 50.000 millones que restan convierten la factura del quebranto bancario español en un impresionante alegato contra la eficiencia de los gestores del sector bancario. Estos 116.000 millones de euros equivalen al deterioro del valor de los activos bancarios o, en otros términos, a la suma de los créditos que repartieron los bancos en la buena época del ladrillo entre los diversos protagonistas del drama, es decir, propietarios del suelo urbanizable, promotores en diverso grado de ejecución de sus proyectos, empresas inmobiliarias propietarias de bloques enteros de pisos terminados y dispuestos para la venta pero que nadie puede comprar y, por último, pisos vendidos y habitados, en los que el hipotecado ha dicho que no puede más y devuelve las llaves o casi. Esta impresionante obra inconclusa que es el laberinto inmobiliario español equivale al 12% del PIB nacional.
De dónde va a salir tanto dinero. O de dónde ha salido ya la parte que se ha pagado de esta factura. Básicamente de los beneficios del sector bancario, aminorados en estos años por las masivas dotaciones a insolvencias. Todavía en estos últimos días hemos visto a algunas entidades de primera fila apartar importantes cantidades de dinero de sus beneficios para sanear los balances. En lo que resta del año 2012, los bancos que aún no han puesto el dinero tendrán que asignarlo religiosamente, bien sacándolo de los beneficios o de la venta de activos o de alguna otra parte. El recurso a fusiones bancarias es más un intento de evitar que estas cosas no sucedan en el futuro y de ajustar la capacidad productiva a la realidad. Las fusiones no van a ser un plato de fácil digestión, como tendremos ocasiones de comprobar de aquí a septiembre.
Además, de las fusiones anteriores hay algunas (Bankia es la más relevante) que han servido de momento más para tapar problemas que para intentar resolverlos, lo que significa que los problemas siguen sin resolver y habrá que darles alguna solución viable. La sensación actual es que el nivel de beneficios del sector va a verse seriamente comprometido este año, pero en algunos casos el beneficio brilla por su ausencia. Y que habrá algunas entidades a las que no les apetezca participar en fusión alguna porque el Gobierno ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a poner ni un euro, lo que significa que algunas fusiones sólo serán viables si el comprador está dispuesto a poner (y a perder) dinero, un plato del que se alejarán con bastante probabilidad los principales agentes del sector. Cabe preguntarse, entonces, qué hará el Gobierno con los que legítimamente, no quieran fusionarse. No tardaremos mucho en saberlo.
ÚLTIMOS ARTÍCULOS DE Primo González
Al final, dinero público para los bancos - Entre todos la mataron y ella sola se murió - Comparando impuestos - Los borrones económicos del PP - España, relegada en la reactivación - Prisioneros de Grecia - Los altos tipos frenarán aún más la economía - Los mercados siguen sin fiarse - No todos los bancos son iguales - La crisis bancaria española se internacionaliza -
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
