El hecho de que por vía de una declaración en Madrid del secretario de Estado británico para Asuntos Europeos, David Lidington, Londres se niegue a negociar la soberanía de Gibraltar, mediante lo cual se cerraría el paréntesis abierto hace diez años – cuando se interrumpió la iniciada negociación al respecto, habiéndose considerado entonces la fórmula de la co soberanía -, era calificado ayer por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, como contravención absoluta de la Declaración de Bruselas de 1984 y del mismo Tratado de Utrecht.
En puridad, lo manifestado desde ese segundo escalón del Foreign Office es lo que ha practicado normalmente por el Gobierno británico: hacer depender la cuestión de la soberanía gibraltareña de la voluntad de los “llanitos”, cosa que choca frontalmente con lo establecido por el Tratado de Utrecht, donde se establece que sólo puede ser España quien recupere la soberanía sobre el Peñón en el momento en que Reino Unido abriera la garra con que tiene asida la presa: asida y cobrada en una acto de deslealtad suprema durante la Guerra de Sucesión.
Entre la vergonzosa deslealtad aquella – así reconocida por la propia Enciclopedia Británica – y la contravención por el Gobierno británico de la Declaración de Bruselas, inmediatamente posterior a la apertura de la verja de Gibraltar por el primer Gabinete de Felipe González – existe una continuidad manifiestamente probatoria de la ínfima fiabilidad política de los británicos como interlocutores en la política europea en general y en lo del Peñón en particular.
Esa Declaración de Bruselas, suscrita por los entonces responsables de las respectivas diplomacias, Geoffrey Howe y Fernando Morán, establecía los supuestos previos de lo que después, pasados los años, desembocaría, en 2002, en el debate formal para la negociación de la co soberanía; ocasión que abrió la oportunidad de que la economía de servicios establecida en la Colonia se beneficiara muy sustantivamente con la adición de facilidades de todo tipo y en todo género de comunicaciones, cuando la literalidad del Tratado de Utrecht no es otra que la de un régimen de a pan y agua.
Este renovado discurso británico, a lo que realmente impulsa es a que la respuesta española llegara a la radicalidad en la consideración de qué significan realmente los gibraltareños en términos de Derecho Internacional Público, frente a la consideración que hace de ellos Reino Unido como supuestos titulares de una opción alternativa a la soberanía. Los gibraltareños genuinos son los españoles que en el Peñón vivían y fueron expulsados de allí por los británicos en el momento del expolio.
Los “llanitos” sólo son sujetos de derechos individuales, exigibles ante la potencia que se sirvió de ellos como gente auxiliar de su tropa. No pueden ser utilizados por Londres como parapeto jurídico-político frente y contra España. Pero aun en el caso de que lo pudieran ser como a Londres conviene, el recurso no valdría en la dialéctica de la descolonización, puesto que la doctrina de Naciones Unidas establece de manera taxativa que en supuestos de colisión o conflicto el derecho de una población y el de una nación a la que se privó de parte de su territorio, como fue el caso de España con Gibraltar, debe prevalecer el derecho de la nación expoliada sobre lo reclamado por la referida gente, aun en el caso de que esa gente fuera efectivamente un pueblo al que se privó de soberanía y no, como es el caso en cuestión. El orujo demográfico de auxiliares del Imperio Británico.
Si las cosas siguen así por parte de Londres, sería cosa que la reactivada diplomacia española se aplicara a preparar cuantas medidas de retorsión se estimaran convenientes. En esta Europa a la que vamos, parece lo más propio que GB se quedara políticamente más sola que la una. Una Unión Europea fiscalmente federalizada, a un paso de la integración plena, no es el contexto más adecuado para que los del otro lado del Canal sigan con los desplantes sobre Gibraltar.
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