Crónicas liberales

El santo temor al déficit

Manuel Martín Ferrand

Don José de Echegaray, el primer español en alcanzar un Premio Nobel, era ingeniero de Caminos, matemático, físico y, por supuesto, dramaturgo de primer orden. El público acudía a las representaciones de sus obras con tanto entusiasmo como saña solían poner en ellas sus críticos. Fue también Echagaray político activo, liberal, y alcanzó el rango de ministro de Hacienda, en donde le dio forma al Banco de España.

Desde el banco azul, en el que se sigue sentando el Gobierno de la Nación, Echegaray acuñó expresiones que todavía perduran aunque, casi siempre, sin los debidos respetos al autor. Entre ellas destaca la que hoy encabeza estas Crónicas liberales: “El santo temor al déficit”.

Aunque los trabajos científicos de Echegaray tienen hoy mayor vigencia que su obra literaria – fue según Rey Pastor, el más grande matemático español del XIX –, esa frase, de la que muchos han tratado de apropiarse, es la invocación al sentido común cuando se habla de Presupuesto. Naturalmente, aquí y ahora, es un concepto literario; pero debiera ser entendida como de obligado cumplimiento.

Aquí, ni por la derecha ni por la izquierda, ni desde el sentimiento nacional o la fiebre nacionalista, subidos en la cucaña del progresismo o escondidos bajo el techo conservador, nadie respeta el déficit. De temerlo más vale no hablar. Por ello sería deseable que el globo sonda emitido hace unos días por los servicios de propaganda de Mariano Rajoy, en el sentido de buscarle tipificación penal a los manirrotos de la política, a quienes se saltan el presupuesto, se convirtiera pronto en realidad normativa.

Episodios en curso, como la lamentable historia de Spanair, ponen de manifiesto la irresponsable largueza con que los responsables políticos, independientemente del plano de responsabilidad – nacional, autonómica, provincial, insular o local –, aplican dinero público, de todos, a epígrafes de gasto no presupuestariamente previstos. Lo grave no es que obren así, sino que no les pase nada por hacerlo.

Sabremos que España funciona – lo sabrán los nietos de nuestros nietos – el día en que, a pie para mayor economía energética, sean conducidos por la fuerza pública ante la presencia del juez de guardia más próximo los cargos, electos o designados, que hayan gastado un euro – con uno basta – sin autorización previa del Presupuesto del que dependan. No hablo de quienes se los llevan en su propio beneficio, que eso ya es mucho pretender a la vista de nuestros antecedentes históricos; sino, sencillamente, de quienes no gastan lo ajeno con más rigor de como lo hacen con lo suyo.

La exigencia a la responsabilidad del gobernante es la prueba necesaria, aunque no suficiente, para comprobar que una democracia funciona. No basta con la cantinela del “bien común”, que cada cual puede entenderlo a su modo, sino del que se expresa en el proyecto que marca un Presupuesto.

Si, llegado el momento, el Estado, en cualquiera de sus instancias, decide por mayoría representativa asumir un problema como el de Spanair – de los que tenemos unos cuantos centenares a la vista –, será cosa de que la Cámara adecuada autorice un monto concreto de gasto o inversión. No vale la trampa de los trileros contables que tanto abundan en la Administración. Además, esa autorización de gasto tendrá que corresponderse con alguna partida de reserva o con la creación de un nuevo capítulo de ingresos. Solo así puede hablarse del “santo temor” que predicaba el autor de El gran galeoto.

Los contribuyentes, para no perder nuestra condición ciudadana, tenemos derecho a saber, al céntimo, el destino de nuestras aportaciones que, por lo común, son el fruto de un gran esfuerzo. Como hace ya muchos años, no recuerdo en qué circunstancia, decía Manuel Pizarro, la democracia es la posibilidad de que un ciudadano pueda conocer el destino de la última peseta del Presupuesto sin mayores complejidades. Del último euro, podríamos decir hoy multiplicando por ciento sesenta la holgura del concepto.