Así lo ha considerado el equipo jurídico del ministerio, según el cual -ha explicado- la primera infracción se refiere al artículo 37.3 de la ley 21/2003 de seguridad aérea que establece la obligación de asegurar la continuidad en la prestación del servicio.

Este cumplimiento, unido a que se han causado daños superiores a 15.000 euros, como también recoge la norma, y provocado la suspensión de servicios aeronáuticos, da lugar a una infracción muy grave y a una multa que puede llegar hasta 4,5 millones de euros y a la retirada de la licencia.

En cuanto a la segunda infracción, se trata de la vulneración del artículo 3721 de la ley 21/2003 de seguridad aérea que establece la obligación de ejercer las actividades con respecto a los derechos de los pasajeros que están regulados en el reglamento comunitario.

Por el incumplimiento de esta obligación e incurriendo en circunstancias, a juicio del equipo jurídico, agravantes previstas en otro de los artículos de la misma ley, también se califica como infracción grave, sancionada de la misma forma que la anterior. Pastor ha asegurado que su Departamento no cesará hasta que “se asuma toda la responsabilidad de quien incumple las normas y de quien pisotea los derechos de los ciudadanos”.

Preguntada sobre la responsabilidad de la Generalitat de Cataluña en la crisis de Spanair, Pastor ha señalado que ésta se encuentra en estos momentos afrontando un problema heredado, cuyo génesis no le corresponde, y que le consta que ha estado trabajando, “arrimando el hombro en todo momento”, para que la compañía pudiera mantener su actividad. El ministerio se ha puesto, asimismo, en contacto con algunos representantes de los trabajadores de Spanair y a lo largo de esta semana empezará a reunirse con ellos, ha avanzado Pastor.

La ministra ha insistido en que Fomento va a seguir trabajando para intentar, dentro de sus posibilidades, minimizar los daños causados a los pasajeros. En este sentido, ha anunciado que ha dado instrucciones a Aena para que suprima las tasas aeroportuarias que pagan los pasajeros, de entre 8 y 10 euros, en las “tarifas de rescate”. ”Aena y el ministerio actuarán para recuperar ese dinero que es público”, ha subrayado Pastor.