La propuesta del Ministro de Hacienda Montoro de sancionar penalmente al gestor público que se comporta pródigamente y no actúa con la diligencia del buen padre de familia, ha sido un desahogo después de arreglarles las cuentas a las Comunidades en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es una propuesta técnicamente equivocada y que responde a unos supuestos de hecho demasiado complejos para resolverlos por la vía del Código Penal, cuya modificación exige, en todo caso, su aprobación por Ley Orgánica. No es el mejor remedio para poner límites al déficit excesivo, al déficit oculto y al crecimiento de la deuda y a los políticos malversadores, falsificadores y prevaricadores que tienen su respuesta en los tipos del vigente Código.
Los límites de techo de gasto, máximo 3 por ciento de déficit sobre presupuesto y tope endeudamiento acumulado del 60 por ciento del PIB, recuperados por la UE, constituyen un objetivo aplicable al Estado y, por tanto, exigible a todas las Comunidades y a todos los Ayuntamientos que juegan como administraciones territoriales. El desarrollo del principio de estabilidad que incorporará a nuestra legislación el concepto de déficit estructural o discrecional, es decir el que es independiente del ciclo económico y, por tanto, se contempla en un escenario máximo de actividad y de ingresos tributarios, se fijará en el 1,4 por ciento. Este compromiso exigirá, necesariamente, un adelgazamiento intensivo de la estructura pública e institucional del Estado. La poda no ha hecho más que empezar.
La paradoja de todo este dislate financiero en el que se ha disparado alegremente con pólvora del Rey está en que el principio de corresponsabilidad en los ingresos tributario se ha desconocido en las Comunidades y Ayuntamientos. Sus responsables están mal acostumbrados a disfrutar de la política de gastos, lo que permite fotos e inauguraciones y a reclamar el dinero al Estado que hace el trabajo sucio de recaudar y tiene que cuadrar el imposible sudoku que bautizó Solbes, traducido en un sistema de financiación que ha roto todas las costuras. Deudas históricas, singularidades, dispersión de la población, fondos de suficiencia y de competitividad, en definitiva un dietario de conceptos que permite repartir y buscar la paz política con las Comunidades, aunque ninguna al final se queda satisfecha y a riesgo de que se la deuda se convierta en un alud que arrasa todo lo que se pone por delante.
El modelo político que ha disfrutado España en los últimos veinte años, se ha agotado con la llegada de unos nuevos tiempos en los que nada será igual al pasado y hay que aplicar recortes y restricciones. Se acabaron los edificios emblemáticos, los fastos innecesarios, el reparto de subvenciones a diestro y siniestro, las listas interminables de empresas y organismos públicos y la política sin responsabilidad.
El objetivo del Gobierno Rajoy es claro. Hay que reforzar jurídicamente los controles presupuestarios, autorización y ejecución de gastos y dotar de mayor relevancia a la liquidación presupuestaria al cierre del ejercicio. La propuesta penalizadora de Cristóbal Montoro, al modo de un delito de resultado, está muy inmadura, salvo para meter miedo en el cuerpo a los responsables públicos.
Sin duda el objetivo se puede alcanzar sin necesidad de retorcer el sistema penal. La primera medida efectiva de carácter administrativo sería declarar la nulidad de los presupuestos que no respondan al cuadro macroeconómico definido por el Estado y conformado por la UE. Un medida de control residenciada en el Ministerio de Hacienda y recurrible al Tribunal de Cuentas. Si la autorización para endeudarse las Administraciones Territoriales corresponde a Hacienda, es evidente que nadie puede objetar que el Ministerio tenga la competencia administrativa para sacar tarjeta amarilla a Comunidades y Ayuntamientos. Por tanto, además de presupuestar con déficit estructural limitado, las Comunidades estarían obligadas a incorporar una política fiscal propia de ingresos tributarios, que, en función de la previsión estatal y comunitaria de crecimiento, cubra el diferencial entre el importe de las transferencias y los compromisos de gastos que se asumen.
En segundo lugar, el Estado debe excluir los anticipos a Comunidades e imponer una senda de reducción de la deuda viva, de tal modo que actúen dos límites: el límite de deuda en relación al PIB y el límite del servicio de deuda, amortizaciones e intereses, en relación con los ingresos tributarios propios.
El actual sistema de reparto de los ingresos, 50 por ciento de IRPF e IVA y 58 por ciento de Impuestos Especiales, exige que se corresponsabilicen y sea visible su condición de Administración que recauda. Indudablemente la aportación a la caja común desde las Comunidades, en función del punto de conexión de la recaudación, debe tener unos criterios de corrección en base al principio de solidaridad. Pero lo que no es posible es actuar como un sistema federal en las competencias y como un Estado centralizado en la imposición fiscal.
Montoro debe buscar criterios de control preventivos y efectivos más que el recurso a la sanción penal que protege bienes jurídicos relevantes o de sustrato mínimo para la sociedad. Es necesaria una Oficina Estatal de Control Presupuestaria residenciada en el Senado para las Administraciones Territoriales, con evaluación trimestral que informe de la obligación de corrección en el supuesto de grave desviación, la reducción al máximo de los reconocimientos de deuda y convalidaciones de gasto, la consolidación del sector público empresarial e institucional y el refuerzo legal de la intervención previa en la autorización de gastos, exigiendo una dotación real efectiva en toda autorización. Todas estas reformas se pueden introducir modificando la Ley General Presupuestaria.
En la doctrina de los años 90 algunos plantearon la doctrina del presupuesto cero que obliga a redefinir todos los gastos desde el principio, a fin de no caer en la inercia y el deslizamiento automático de un ejercicio a otro.
El informe del Banco de España, en sus series estadísticas, bajo el titulo Protocolo excesivo de déficit refleja el ratio deuda/PIB de las Comunidades. En el cuarto trimestre de 2008 Valencia tenía un endeudamiento del 12,3;Cataluña del 9,7;Baleares del 8,9;Galicia y Castilla-La Mancha del 7,0.,con una media del 6,6.En el tercer trimestre de 2011 los ratios son los siguientes.Valencia19,9;Cataluña19,7;Baleares16,8 ;Galicia12,4y Catilla-La Mancha un 18,3.La media alcanza el 12,6.Crecimientos por encima del 60 por ciento y en algunos casos como Castila-La Mancha y Cataluña por encima del 100 por cien. Menudo disparate.
También en los años 90, Luis García Berlanga, dirigió la película “Todos a la cárcel”, con su habitual genialidad y con la participación de la mejor cosecha de actores del momento. La historia gira alrededor de un financiero internacional encarcelado que prepara su fuga. En marzo, cuando Montoro, presente los presupuestos, puede llevar con el pen drive del presupuesto el DVD de la película y el cartel que cada vez más ponen en los comercios de Andalucía. “Aquí no se fía”.
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