El juicio a Garzón entra en su recta final con los informes definitivos

GARZÓN LLEGA AL SUPREMO PARA SER JUZGADO POR LAS ESCUCHAS DE "GÜRTEL"

El juicio al juez Baltasar Garzón por intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados en el “caso Gürtel” en prisión y sus abogados se ha reanudado a las 10:37 horas de hoy con la exposición de los informes finales por parte de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa. El primero en intervenir es el abogado Ignacio Peláez, que ejerce la acusación en nombre propio y que fue el autor de la querella que dio origen a la causa después de que sus entrevistas en la prisión de Soto del Real (Madrid) con los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, fueran grabadas por orden de Garzón.

En la sesión de ayer, tanto Ignacio Peláez como las otras dos acusaciones -que representan precisamente a Correa y a Crespo- elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales y mantuvieron su petición de penas para el juez de hasta 17 años de inhabilitación por prevaricación y violación de las garantías constitucionales. Posteriormente, la Fiscalía y la defensa de Baltasar Garzón -que ya ha anunciado su intención de hacer uso de su derecho a la última palabra- pedirán la absolución del magistrado al considerar que no cometió delito.

Este miércoles, los policías que investigaron con Garzón la trama “Gürtel” defendieron ante el Tribunal Supremo que el juez les dio la orden de salvaguardar el derecho de defensa “sobre cualquier cosa” en las escuchas a los cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, que seguían actuando desde prisión. Así lo declararon varios agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la segunda sesión del juicio.

Frente a estos testimonios, Ignacio Peláez, el abogado autor de la querella que dio origen a este juicio, reconoció que no comunicó al juez que iba a entrevistarse en la cárcel con Correa y Crespo, pese a que el reglamento penitenciario lo requiere, y tampoco acreditó que tuviera el volante del Colegio de Abogados que certifica que había sido “expresamente llamado” por los presos.

No obstante, Peláez -que representa al empresario imputado en el caso José Luis Ulibarri- dijo que estas conversaciones, grabadas el 25 de febrero y el 6 de marzo, no fueron “para blanquear” sino para preparar la defensa de su cliente, con lo que la Policía, la Fiscalía y el instructor pudieron conocer su estrategia. “Lo que me preocupa es que no tengo datos, yo no sé todo lo que se ha oído. No todo se ha transcrito, ese es mi gran problema. Estoy convencido de que hay elementos incriminatorios que yo he mencionado y se están utilizando. El simple hecho de que se me esté escuchando ya me parece grave”, señaló el letrado.

Sin embargo, el comisario José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que dirigió la investigación de la trama “Gürtel”, aseguró que desde el primer momento se constataron los indicios de delito y que las intervenciones eran necesarias en un caso como éste, de “blanqueo puro y duro” por parte de una red que seguía funcionando desde la cárcel con la intención de velar por su patrimonio en España y en el exterior.

Por ello, y ante el riesgo de fuga de Correa, la Policía propuso al magistrado adoptar la medida de intervenir las comunicaciones, que Garzón ordenó en un “minucioso” oficio en el que detallaba la participación de los agentes, a los que ya había alertado de que “el derecho de defensa prevalecía sobre cualquier diligencia policial”. “Sería el juez quien decidiría qué era derecho de defensa y qué no era derecho de defensa”, por lo que los policías no estaban facultados para “quitar nada”, concluyó.

En ello coincidió un compañero de la UDEF que participó en la interceptación de las comunicaciones, que ha subrayado que el derecho de defensa que requirió el magistrado en su resolución era la “cláusula” que tenía que “guiar” su trabajo.

También el funcionario del Juzgado de Garzón que se encargó en la Audiencia Nacional de la tramitación judicial del “caso Gürtel”, Vicente Maroto, dijo del juez que “siempre estaba muy obsesionado con quitar todo aquello que afectase al derecho de defensa”. Según este testigo, la tarde en la que Garzón ordenó las escuchas, la fiscal anticorrupción Miriam Segura había advertido previamente al magistrado: “Baltasar, Baltasar hay que hacer algo con estas visitas a la cárcel, hay que hacer algo, hay que tomar la decisión ya”.

Precisamente, fue la fiscal la que realizó el expurgo junto a Maroto, que hizo hincapié en que, aunque “físicamente” sólo estaban él y Segura para desempeñar esta tarea, el “control” de “lo que tenía que quitar de la pieza” era de Garzón.