Los partidos rechazan que se castigue penalmente a los malos gestores públicos

Los principales partidos de la oposición han rechazado este miércoles que se castigue por la vía penal a los gestores públicos, sean o no políticos, que superen los límites de gasto incumpliendo los presupuestos, en referencia al anuncio que esta mañana hacía en la Cadena Ser el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre la posible modificación de la Ley de Transparencia de Gobierno. "Si un gobierno quiere gastar más que se lo pida subiendo los impuestos a los ciudadanos y que los ciudadanos decidan después, en unas elecciones, si lo que ha hecho ese gobierno es correcto", aseveró el titular de Hacienda, que dejó claro que "lo que no es nunca correcto son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables".

Desde el PSOE, el ex vicepresidente tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial Manuel Chaves ha aseverado que esta opción sólo sería posible si los gestores públicos “cometen un delito“, pues de lo contrario se trataría de una responsabilidad “política” que se debe exigir en el Parlamento. “Es lo propio y normal de un Estado de Derecho y cualquier sociedad democrática: el que comete un delito, a la Justicia, las responsabilidad políticas en el Parlamento“, ha asegurado en declaraciones a los periodistas tras ser nombrado presidente de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.

Chaves ha precisado no obstante que hasta no conocer la propuesta concreta avanzada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no se puede “pronunciar” al respecto. Sin embargo, ha recalcado que cuando los gestores públicos cometen un delito o una irregularidad “están sometido a las leyes y la justicia”. “Otra cosa son las responsabilidades políticas”, ha remarcado.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, también ha criticado el anuncio de Montoro y ha aseverado que el ministro “no puede convertirse en el Tribunal Supremo” y exigir este tipo de responsabilidades penales. Si este criterio se aplicase a los bancos, a los ciudadanos y a las administraciones – aseveró Llamazares- “estaríamos en la locura” o ante la película “Todos a la cárcel” de Berlanga.

Por parte de CiU, el diputado Carles Campuzano, que calificó de “paternalista” la actitud del Gobierno respecto a las CCAA, aseguró que quien debe asumir responsabilidades por la gestión de la crisis es el Ejecutivo central y no culpar a los autonómicos, que cuentan con un “margen de actuación limitado”.  En este sentido, el diputado aseveró que las comunidades “viven de las transferencias” que autoriza el Estado, asumiendo las responsabilidades “con un margen de actuación limitado”.

El PNV cree que la ley “no da para tanto”
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha cuestionado que la legislación “dé para tanto” como para permitir exigir responsabilidades legales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto, y ha asegurado que es una idea “muy fuerte” de la que no se debe hablar “de momento”.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Azpiazu ha asegurado que es mejor “convencer” y “llegar a acuerdos” para controlar el déficit publico antes que plantear sanciones legales. “Yo no sé si la legislación da para tanto”, ha recalcado