Sí: 197 - No: 138 - Abstenciones: 4

El Gobierno saca adelante, con el apoyo de CiU, el “mayor ajuste presupuestario de la democracia”

La única sorpresa en el debate sobre las medidas económicas que el Gobierno aprobó el pasado 23 de enero ha sido el apoyo de CiU al Decreto Ley, después de que los nacionalistas catalanes mantuvieran el suspense hasta el último momento. Esta ha sido la única formación política que se ha salido del guión, pero no por eso ha renunciado a exponer sus reservas acerca de la subida del IRPF y del retraso en la subida de las pensiones de viudedad. ¿Por qué entonces ha votado a favor? El PSC ya ha expuesto sus sospechas. Y es que los socialistas catalanes temen que Artur Mas ya haya escogido pareja de baile para sacar adelante sus Presupuestos para 2012, a una semana de que los someta al visto bueno del Parlamento autonómico. Solo así, dicen, se explica que CiU “le haya regalado al PP unos votos que no necesitaba”. Pero, además, el “regalo” podría ser la contrapartida al apoyo o la abstención del PP con los que ha contado Mas hasta ahora para sacar adelante sus ajustes y recortes, pese a que los populares tampoco coincidan plenamente con las partidas a las que ha aplicado la tijera como la sanidad, en lugar de reducir las instituciones nacionalistas. Junto a todo ello, se espera que de un momento a otro empiece a correr el calendario de la reordenación bancaria, que Rajoy anunció en su discurso de investidura y que su Gobierno ha fijado entre sus prioridades. Las fusiones podrían arrancar en cualquier instante y los casos más urgentes son Novagalicia y Catalunya Caixa, donde el FROB tomó el 93% y el 90%, respectivamente, y que tienen como principales pretendientes al BBVA y al Santander. La unión entre CaixaBank y Bankia podría estar bastante avanzada, aunque fuentes del sector señalan que la operación debería contar, además de con el respaldo de los respectivos presidentes de las entidades, con el beneplácito de los líderes políticos de las Comunidades Autónomas de origen, Cataluña y Madrid. Así las cosas, lo único que ha trascendido hasta ahora es que la negociación para decidir el voto final en el debate de este miércoles se ha desarrollado entre el Gobierno central y el de la Generalitat, que habría vuelto a poner sobre la mesa reivindicaciones que tienen que ver con el pago del fondo de competitividad que reclaman desde hace tiempo. Son 1.450 millones, en aras al modelo de financiación vigente.

Al margen del voto de CiU, el debate sobre el Decreto Ley de medidas económicas del Gobierno no ha aportado grandes novedades. El Gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE, se han dedicado a un intercambio de reproches y acusaciones sobre ‘quien mintió más’. Para dirimir esta cuestión han intervenido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y José Antonio Alonso, que ha actuado como portavoz de los socialistas después de que se decidiera dejar en el banquillo al presidente del grupo parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, para no primar sus posibilidades como precandidato a liderar su partido frente a otros competidores.

El ministro de Hacienda ha asegurado que “es evidente” que el anterior Gobierno “conocía la desviación del déficit de dos puntos” y el portavoz socialista ha acusado directamente a Rajoy de “haber dado la callada por respuesta” cuando reiteradamente se le pidió que explicara, antes de acceder al poder, cómo iba a cuadrar las cuentas.

Concretamente, Montoro ha acusado al equipo de Zapatero de ocultar una situación que conocía “sobradamente”, como demuestra el hecho de que “a los pocos días” de llegar al poder el PP se encontró con “información relevante” acerca un “agujero negro” de más de 20.000 millones de euros de déficit.  Esta cifra es “superior a la tercera parte del objetivo previsto por el PSOE”, que pasa del 6% al 8% en 2011, lo que eleva el ajuste total requerido en 2012 de 16.500 millones al menos hasta 36.500 millones, ha dicho el ministro.

El titular de Hacienda ha defendido el decreto porque así lo requiere la situación “extraordinariamente difícil”. Cristóbal Montoro ha resumido que el 2011 se ha caracterizado por los cinco millones largos de parados. Al mismo tiempo -ha dicho- la economía está paralizada, al borde de una recesión. Y a partir de ahí, ha responsabilizado de la situación tanto a la crisis como a las “pésimas decisiones adoptadas en materia presupuestaria en estos últimos años”, en clara referencia a la gestión realizada por el anterior Gobierno.

El ministro ha reconocido que se trata del “mayor ajuste de la historia de la democracia, de 5.189 millones de euros”. Pero ha añadido que “había urgencia en hacer ese ajuste que se completa con la subida de impuestos de 6.275 millones de euros”. Buena parte de su intervención ha ido dirigida a justificar el agravamiento de la carga fiscal que tendrán que soportar los españoles y a rebatir las acusaciones de que dicha carga se hará recaer sobre los asalariados y no sobre los sectores más pudientes.

Montoro ha asegurado que la subida “temporal y ponderada” del IRPF e IBI, que busca recaudar 6.200 millones, se ajusta ala “capacidad” de cada contribuyente. Por contra, ha rechazado tocar el IVA, pues afecta a “las capas sociales más perjudicadas”, así como subir impuestos a pymes y autónomos, que deben de ser el “motor” de la salida de la crisis. “Al contrario, estamos examinando cómo mejorar su financiación y tributación”, ha asegurado.

Se ha comprometido a que cuando se recupere “el crecimiento creador de empleo, se volverán a bajar los impuestos. Además, ha remarcado que las medidas relativas a Dependencia y Renta Básica de Emancipación no perjudican a los actuales beneficiarios y tan sólo “aplazan” la entrada de nuevos prestatarios. Y, asimismo, ha apuntado que la mitad de esa recaudación irá a las comunidades autónomas, con la intención de satisfacer la “necesidad perentoria” de financiar los servicios públicos.

El contraataque socialista

José Antonio Alonso, en representación del PSOE, ha empezado reprochando al Gobierno recién estrenado del Partido Popular que se vanaglorie de ofrecer consensos, cuando es el PSOE el primero que a su juicio tendió la mano al Ejecutivo para luchar contra los malos datos económicos y su oferta “ni siquiera ha sido tenida en cuenta”. El portavoz socialista ha acusado directamente a Mariano Rajoy de “engañar” deliberadamente al “ocultar” sus intenciones reales de subir los impuestos.

A juicio de Alonso, la subida de la presión fiscal y el “tremendo ajuste que acusarán las rentas de trabajo y las clases medias” no es una decisión de última hora sino que ya estaba tomada durante la campaña electoral: “Sabían, como sabíamos todos, desde 2010 cuál era la senda de ajuste fiscal, sabían que la reducción del déficit estimado en un 6% en 2011 al 4,4% en 2012 implicaba necesariamente un ahorro de 16.500 millones de euros y las decisiones de este Real Decreto suponen un ajuste de 15.200 millones de euros”. Por todo ello, ha echado en cara a Rajoy y a su Gobierno lo que ha calificado como “engaño objetivo”.

Alonso también ha censurado que Rajoy aguarde a después del Consejo Europeo del próximo día 30 a intervenir en el Congreso para explicar esta batería de medidas económicas. “Es el único presidente de Europa que no ha comparecido en su Parlamento para detallar el paquete de iniciativas adoptadas para luchar contra el déficit”, ha señalado.

Al margen ya de los reproches, el PSOE ha explicado su rechazo al decreto porque considera que las medidas que contempla son ineficaces e injustas. Además de perjudicar a las capas más bajas, que son las que en su opinión acabarán pagando el IRPF y el IBI, los socialistas aseguran que no cumplirán los objetivo que dice perseguir el Ejecutivo del PP. Tampoco ven con buenos ojos  la desgravación por la adquisición de una vivienda, ya que con ello creen que se vuelve a dar oxígeno a “la burbuja inmobiliaria”. Y, en cuanto al plan de lucha contra el fraude fiscal que aspira a recaudar más de 8.100 millones de euros, dicen que “no es una novedad” y que el plan que ya tenía en marcha el Gobierno de Zapatero “logró 10.200 millones de euros”.

Aunque Alonso ha admitido que, de ganar las elecciones, el PSOE hubiera tenido que lidiar con este ajuste, ha indicado que el camino elegido hubiera sido distinto, con medidas “más justas”, sobre todo fiscalmente. “Este decreto no se puede apoyar, se ponga como se ponga”, ha insistido el socialista, que ha acusado al Gobierno de “saltarse a la torera” el principio de igualdad constitucional en materia tributaria, al igual que la lealtad constitucional en la distribución de los tributos, en especial en lo relativo a la modificación del IBI, que ha calificado de “delirante”, aunque ha “tendido la mano la Gobierno” para “reconsiderarlo”.

El debate ha transcurrido con una relativa tranquilidad en las bancadas popular y socialista, salvo cuando Alonso ha contrapuesto el ejemplo de la  “buena gestión y el buen comportamiento fiscal” de Andalucía, una Comunidad dirigida por el PSOE, al caso de la Comunidad Valenciana, que gobierna el PP, y donde han estallado en los últimos tiempos unos cuantos escándalos de corrupción. En ese momento, los diputados del grupo mayoritario de la Cámara se han revuelto en sus escaños y han reaccionado de formar airada por el ‘olvido’ del escándalo de los ERE que salpica a la Junta andaluza y del que ha hecho gala el representante socialista.

La herencia recibida

En su réplica, Montoro ha defendido que “no hay ningún recorte social” en las medidas del Gobierno, y ha recordado que el PSOE “congeló las pensiones” en 2010 mientras asistía “pasivamente” a la destrucción del empleo llamándolo “ajuste” y permitiendo que la Seguridad Social entrara en déficit.Ha reiterado que el PP desconocía lo que se le venía encima por la ocultación de los datos reales de que ha sido víctima y ha afeado al PSOE que “defienda una herencia indefendible”.

Los mensajes del ministro son: “Lo más ineficiente para el crecimiento hubiera sido permitir un déficit público infinanciable” -en cuanto al contenido de las medidas- y “España no está para tópicos, está para que la política ponga las luces largas para salir cuanto antes de la crisis y no se limite a descalificaciones gratuitas y baratas” -por lo que se refiere a las formas del debate-.