La distancia que media entre el recorte del déficit anunciado hasta la fecha, unos 15.000 millones de euros, y lo que resta por llegar hasta el importe total de la factura (unos 25.000 millones de euros adicionales, si realmente estamos hablando de un pleno de 40.000 millones, como estiman algunos analistas externos, cifra que el presidente Rajoy acaba de hacer suya), sigue arrojando serias dudas sobre la forma en la que el Gobierno de Rajoy piensa ajustarse a los objetivos de control del déficit, ese 4,4% del PIB que nos espera a finales del año en curso como cita ineludible.
Este martes, el presidente ha hablado a un medio de la órbita gubernamental, la agencia Efe, y ha dicho que ni IVA ni “banco malo”, lo que descarta dos fuentes de posibles ingresos o gastos descartables, pero no resuelve gran cosa. No habrá IVA para marzo, como se suponía, lo que reduce bastante las posibilidades alternativas del Gobierno para aumentar los ingresos, a no ser que acaba por elevarse el impuesto sobre las gasolinas. Si tampoco hay “banco malo”, el Gobierno se quita de encima una costosa operación que parecía destinada a absorber algunos miles de millones de euros. El titular de Economía ya ha dicho que el saneamiento del sector financiero, es decir, la anulación de los activos tóxicos que habitan en los balances de los bancos, lo habrán de hacer básicamente las entidades, con 50.000 millones de euros de coste total. En resumen, ni ingresos procedentes del IVA ni gastos adicionales para sanear a la banca, que tendrá que vérselas por sí sola.
La solución al problema parece conducir inexorablemente a los presupuestos de las Autonomías. Ya ha dicho el Gobierno que tres cuartas partes del descuadre presupuestario del año 2011 es imputable a las irresponsables finanzas de los entes autonómicos y en menor medida a los ayuntamientos. El partido gubernamental tiene la sartén por el mango, salvo en Andalucía, Cataluña y País Vasco, como principales regiones con gobiernos autónomos que no están encuadrados en la obediencia gubernamental. En Andalucía es probable que de aquí a unos pocos meses los socialistas hayan desaparecido de la responsabilidad gubernamental.
Los descuadres autonómicos más importantes están, no obstante, en zonas más adictas, como Valencia, cuyos números resultan pavorosos, tanto que el Gobierno ha tenido que hacer ingeniería financiera para evitar el default (quiebra) del ente autonómico, incapaz de hacer frente a una amortización de poco más de 120 millones de euros que a punto estuvo de dejar de pagarse al Deutsche Bank, lo que habría sido un auténtico escándalo político y financiero, con repercusiones difíciles de imaginar en el crédito exterior de España.
El Gobierno de Rajoy debe, por lo tanto, atar corto a las autonomías, empezando por algunas de las propias, como Valencia, la más endeudada de España en términos proporcionales, con unos 20.000 millones de euros que nadie sabe bien cómo se van a pagar. Desde las elecciones de la pasada primavera hay más autonomías enroladas en las filas del PP, como la de Castilla-La Mancha, en donde los números rojos son también espectaculares. Habrá que ver cómo queda Andalucía tras el largo periplo socialista al frente de esta autonomía, pero no es aventurado anticipar que habrá que estar preparado para lo peor de lo peor, como decía Fernández Ordóñez refiriéndose hace poco a una caja de ahorros, la CAM. Han sido muchos años de gobierno socialista en la mayoría absoluta en Andalucía, lo que significa que los socialistas han gobernado sin una firme oposición que les condicionara a la hora de aplicar sus políticas de gasto.
Es normal que la era del realismo le haya llegado al Estado de las Autonomías, que fue en su día un hallazgo altamente prometedor porque tenía la virtud potencial de descentralizar las decisiones que afectaban a los ciudadanos de todos los rincones del país, trasladándoles la responsabilidad de estas decisiones y los ingresos necesarios para hacerles frente. En la práctica, el Estado de las Autonomías se ha convertido en un disparate financiero, en donde hay 17 proyectos de Estado, duplicidades sin cuento y falta de control y transparencia en algunos casos, como se está viendo ahora.
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