Partiendo del principio de que es endiabladamente difícil, y para mí difícil, en el plano de la teoría del cálculo, sería la resolución del teorema de Leibnitz, pesadilla de mi juventud cuando tuve que enfrentarme con la revolución de las integrales del matemático y filósofo alemán, armado, solamente, de papel y lápiz (no existían entonces las calculadoras), debería ser nítido, transparente y claro como una jornada de sol, sin polución, sobre el cielo de Madrid, “de Madrid al cielo”, el que en un país decente, las instituciones y con ellas la ciudadanía, consintieran que sucedieran tantas cosas indecentes. Y me refiero al sacrosanto principio de que la justicia, -a la que se la describe con los ojos vendados y no por la ceguera con la que puede emitir sus veredictos, sino por la imparcialidad con que debe sentenciarlos-, es igual para todos.
“Mejor tarde que nunca”, podían concluir en Francia, tal y como debería ocurrir en cualquier democracia, todos aquellos que se aferran, con la mente y corazón, al principio de que la justicia es, de verdad, igual para todos y que no se para de frente a la corrupción de la clase política. En este sentido la condena del ex-presidente francés, Jacques Chirac, la primera en la Republique, es un mensaje saludable, porque hace añicos el difundido sentido de impunidad de los dirigentes políticos, no obstante que, en Francia, allí donde no llega la justicia, con frecuencia, si llegan, al menos, las dimisiones. Pero “mejor nunca que tan tarde”, dicen los amigos y no pocos adversarios de Chirac, entre ellos el socialista Hollande, hoy candidato al Eliseo, movidos por la compasión hacia un hombre viejo y enfermo y ahora tan lejos del poder, que tiene que padecer los efectos de una sentencia tan pesada a veinte años de los hechos que han motivado el juicio. Es un sentimiento que parece compartido por la opinión pública, nada más lejos de un justicialismo sino, por el contrario, con el sabor de una cierta nostalgia hacia un presidente que, en fin de cuentas, ha dado mucho a Francia. Por historia, ya se sabe, los franceses tienen una cierta inclinación hacia el regicidio y, en este caso, han sabido lanzar una advertencia a la casi sacralidad del Eliseo.
Pero fuera y más allá de cualquier otra reacción sentimental o nostálgica, es un hecho que la justicia ha seguido su curso sin temores reverenciales. Y si ha llegado tarde ha sido por los obstáculo que, legalmente, ha puesto Chirac y por el respeto a la inmunidad concedida, constitucionalmente, al jefe del Estado en el ejercicio de sus funciones. De hecho, el verdadero proceso judicial comenzó ya con doce años de retrasos, las dos legislaturas durante las cuales Chirac fuera huésped del Palacio del Eliseo.
Aunque si el modelo institucional se diferencia mucho del italiano y del español, la condena de Chirac, muy dolorosa desde el punto de vista penal y moral, sugiere algunas semejanzas con los procesos judiciales en los que ha sido, imputado, en Italia, Silvio Berlusconi, en el ejercicio de su funciones y los que nunca han tenido lugar hacia ciertos inquilinos del Palacio de la Moncloa. En Italia los juicios debían padecer retrasos y prescripciones cambiando las leyes hasta hacer posible una inmunidad institucional. En España nunca se pensó en cambiar la ley y un temor reverencial se ha ocupado de “desviar” cualquier atisbo de corrupta culpabilidad. Mientras que en Francia, y a la luz del retraso del proceso judicial contra Chirac, ya se está pensando en una reforma del estatuto penal que ampara al jefe del Estado, de tal manera que, en algunos casos, pueda ser retenido culpable incluso en el ejercicio de sus funciones. En efecto, de análogo con Francia, sea Italia, sea España, padecen la lentitud de la justicia. Pero en lo demás ¿Quiere acaso decir que Italia y España son países decentes donde se permiten tantas cosas indecentes? ¿O que, por el contrario, estamos descendiendo hacia la indecencia, abandonando, por el camino de la reciente historia, los despojos de la decencia que nos restaba?
No sería yo a invocar, porque en ello no creo y soy contrario, una justicia que tuviera la mínima sospecha de aplicarla el adjetivo de “justicialista”, ni a pedir al actual gobierno de España intromisión en la independencia del poder judicial, pero me pregunto ¿es que no existe nadie en la Fiscalía General del Estado español capaz de echarle un mínimo de coraje y, al menos, comenzar a reflexionar y estudiar si en la reciente pasada legislatura existieron indicios de corruptibilidad en las responsabilidades, objetiva y subjetiva, del Sr. Zapatero, así como malversación, consentida, del manejo de fondos públicos en beneficio propio, de él mismo y de sus ministros y ministras, como el despilfarro de la Bibí Aída en la investigación sobre “el mapa del clítoris” y ahora manteniéndola en un puestazo (novio incluido), en la ONU, pagado con fondos del erario público? ¿Es que no ha sido vergonzosa y pública tomadura de pelo el “viaje fin de carrera”, alrededor del mundo, de la ministra de cultura, la Sra. Sinde, subvencionado con fondos del Estado, pagante, como siempre el españolito contribuyente? ¿Por qué artículo tres María Teresa Fernández de la Vogue ha entrado en la categoría de magistrada sin haber ganado, como pienso que la mayoría de los jueces españoles han hecho, ninguna oposición? Todos sabemos que el último gobierno presidido por Felipe González, cayó, en gran parte, por culpa de la corrupción rampante del Partido Socialista y desde entonces ¿a nadie se le ha ocurrido poner en tela de juicio la responsabilidad que en todo ello ha tenido aquel gran caradura que nos prometió “cien años de honradez”? ¿O de dónde le viene su conspicua fortuna y si toda ella ha sido declarada oficialmente? ¿De verdad no ha existido malversación de fondos públicos en el bochornoso espectáculo de “la boda de la niña”, esa misma, la hija de la actual alcaldesa de Madrid? Y tantas cosas más ¿porqué no aprendemos un poco de Francia? No creo que en todos estos presuntos delitos haya pasado el tiempo de prescripción. De todas formas, en una democracia decente, el Parlamento es soberano y puede, incluso, elaborar y dictar leyes con carácter retroactivo.
“Habrá algún juez en Berlín, decía el molinero de Postdam, -según un relato de Bertolt Breccht- , en la segunda mitad del siglo XVIII, que, oponiéndose a los abusos y vejaciones de un noble, se dirigió a todos los tribunales germánicos para obtener justicia y llegando hasta el mismo Federico II, el Grande, que, al fin se la concedió”.
Yo y miles, sino millones, como yo, ciudadanos de a pie, cada uno trabajando en su pequeño molino del cual depende nuestra subsistencia, nos preguntamos: ¿Habrá algún juez en Madrid?
De la indecencia de la mentira, de nuestros actuales gobernantes, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz Gallardón, derivada del incumplimiento, al día siguiente de su juramento como delegados del pueblo, de las promesas formales que hicieran en su campaña electoral, ya se ha encargado de describirlas, con su habitual y sabia sorna periodística, nuestro admirado compañero, Manuel Martín Ferrand, la pasada semana, en esta misma columna de opinión.
No pedimos la intromisión del gobierno en asuntos que sólo dependen del poder judicial, como órgano independiente y soberano, separado del ejecutivo, pero en manos de este último puede estar la decisión de la reforma del Consejo de Estado donde ha entrado el Zapa, que fue quien reformó tal órgano, por otra parte inservible, del Estado. En manos del actual ejecutivo, mediante su presentación en el Parlamento, está el poder de privar de cualquier favor o prebenda a quien haya tenido el honor, alguno incluso con deshonra, de haber sido Jefe de Gobierno. Ya es suficiente el haberlo sido cuatro, ocho y hasta casi doce años, pasados los cuales, con alguna que otra medalla o título ¡pero nada más! como reconocimiento a los servicios prestados a favor (en el caso del Zapa “en contra”), de su país. Después que cada uno se dedique a “sus labores” o, llegado el momento, goce de su pensión, nada de pensión “de oro”, según las normas establecidas por edad, años de cotización… como cualquier otro ciudadano de este país.
Ejemplos en otros países los tenemos a montones, comenzando por todos los ex-presidentes de los Estados Unidos, continuando con personajes del calibre de Margaret Thatcher, Helmut Schmidt, Willy Brand y hasta, andando hacia atrás en el tiempo, el mismísimo emperador Diocleciano que gobernó el Imperio desde el 20 de noviembre del 284 al 1 de mayo del 305 d.d.C y que, pensando que había llegado su momento, abdicó del poder y se retiró a su Dalmacia muriendo en el año 311 en su palacio de Splizt (Croacia).
Yo, que no he podido votar, a causa de ciertos retrasos administrativos, y que haberlo hecho, posiblemente no hubiera sido a favor del PP, pero, con toda seguridad, contra Zapatero, me he alegrado, sinceramente, del triunfo electoral de la “compañía” de Rajoy y de mi paisana Soraya Sáenz de Santamaría y he tenido como un suspiro de satisfacción.
Yo, en mi nombre y en el de esos otros miles, o millones, de esperanzados ciudadanos, pedimos al nuevo Gobierno que abdique de sus aspiraciones guerreras, que para la guerra ya están los Estados Unidos, que no saben vivir sin ella, entre otras cosas porque, en gran parte, su economía está basada en su industria militar. Recibe el aliento de la fabricación de la maquinaria de guerra y les da lo mismo Corea que Vietnam, Irak que Afganistán. Las bombas dan más dinero que las apuestas en la Bolsa de Wall Street.
Por eso en mi nombre y en de esos miles, o millones de esperanzados ciudadanos, a 1701 años que nos separan de la muerte de Diocleciano, les pedimos que a la indecencia de la mentira no añadan la vileza de la cobardía. Caiga quien caiga, se llame González o Zapatero o Perico el de los Palotes. Que al toro hay que cogerle por los cuernos y acercarse a él, como Belmonte o aunque tenga que caer como Joselito o Manolete.
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