La Seguridad Social cierra 2011 con un déficit del 0,06%

El Gobierno intensifica la lucha contra el fraude fiscal mientras Rajoy pospone casi un mes sus explicaciones

"La realidad es más dura de lo que pensábamos", ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría -que ha abandonado el tono amistoso que exhibió en sus primeras ruedas de prensa en La Moncloa hacia el anterior Gobierno del PSOE- por lo que ha avanzado que habrá que tomar medidas duras y difíciles para hacerle frente. Pese a todo, Mariano Rajoy no comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar las iniciativas que se están adoptando hasta después del Consejo Europeo previsto para el próximo 30 de enero. La gravedad de las medidas que el Ejecutivo ha tomado hasta ahora han provocado una oleada de reacciones contra la 'desaparición' del presidente y de peticiones para que dé públicamente las oportunas explicaciones. Pero no será así y Rajoy dejará pasar más de un mes desde su investidura para cumplir con ese compromiso. En el Consejo de Ministros de este jueves, mientras tanto, se ha estudiado un informe del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para intensificar la lucha contra el fraude y dentro de las medidas que se tiene previsto adoptar figura la de limitar los pagos en efectivo.

Para ilustrar la gravedad de la situación con la que nos enfrentamos, la vicepresidenta ha anunciado que la previsión de déficit de la Seguridad Social para el año 2011 es de 668 millones, el 0,06% del PIB.

Sobre el hecho de que Mariano Rajoy haya incumplido su promesa electoral de no subir impuestos al aprobar un incremento del IRPF la semana pasada, Sáenz de Santamaría ha explicado que la realidad ha cambiado desde el debate de investidura del presidente del Gobierno, cuando se manejaron unas cifras que han quedado desbordadas por los acontecimientos. “Se han tenido que tomar medidas excepcionales ante una situación excepcional”, ha subrayado la vicepresidenta.

Sáenz ha recordado la importancia del próximo Consejo Europeo, previsto para el 30 de enero. Después, ha dicho, el presidente del Gobierno comparecerá después para explicar tanto las medidas que allí se adopten como las que ya se hayan puesto en marcha en el país. Cuando se le ha repreguntado sobre el tema, ha puntualizado que esa comparecencia se producirá en el Congreso de los Diputados, que es donde se informa de las cumbres europeas. “Yo no he hablado de medios de comunicación”, ha dicho Sáenz, dejando la puerta abierta a posibles declaraciones del presidente en otros foros.

En cuanto a la rebelión de algunas comunidades como Cataluña contra la ley anunciada por Luis de Guindos para controlar las cuentas de las autonomías, Sáenz de Santamaría ha recordado que su obligación es cumplir los objetivos de déficit, no solo porque así lo exige cualquier política que pretenda remontar la actual situación sino porque es un compromiso europeo. Además, ha explicado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contemplará techos de gasto, techos de endeudamiento, mecanismos para su cumplimiento y criterios de responsabilidad y que será en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde deba debatirse y terminar de perfilarse.

Acuerdos del Consejo de Ministros

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado un plan para luchar contra el fraude fiscal. El Gobierno espera recaudar 8.171,7 millones de euros en 2012 a través de mecanismos como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades en algunas operaciones, al estilo de lo que ya están haciendo otros países como Francia e Italia.

Dicho plan operará en tres ámbitos: la intensificación de la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social. El Gobierno opina que esta iniciativa puede ser un elemento “muy clarificador” para detectar “grandes bolsas” de fraude y de economía sumergida.

Otra de las políticas que se contemplan en el plan, que se hará público en breve, es la “autorregulación voluntaria”. La idea es que “pequeños contribuyentes” puedan comunicar directamente a la administración tributaria si han incurrido en algún “error” en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún tipo de procedimiento sancionador. De este modo la investigación contra el fraude fiscal, que según ha dicho va a intensificarse, podrá estar más centrada en los grandes expedientes. También para “facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones” se fomentará la “autocorrección de incidencias censales”.

Además, Sáenz de Santamaría ha confiado en profundizar la colaboración de las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, así como en establecer cauces permanentes de información tributaria entre el Estado y las haciendas forales.

También tendrá “gran importancia” la información de la que se dispone “ex novo” de países como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas, que han dejado de figurar entre los paraísos fiscales a través de la firma de los correspondientes convenios

Asimismo se va a intensificar la actividad presencial de la inspección de trabajo y de la Seguridad Social, mientras que se acudirá a otros mecanismos de información que puedan poner en evidencia la existencia de economía sumergida, como el consumo de energía eléctrica o las terminales de tarjetas de crédito. Por otra parte se adelantará la intervención de los órganos de recaudación y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio de los procedimientos.

Otras directrices que contiene el plan presentado por Cristóbal Montoro prevén una mayor colaboración con los mecanismos de vigilancia aduanera, y la profundización en la normativa antiabuso, como la responsabilidad por ocultación de bienes, la autorización de mecanismos como el levantamiento del velo y la acusación por delitos de insolvencia punible, ha dicho Sáenz de Santamaría.

Entre 2005 y 2011 se recaudaron 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude, de los que 10.400 se ingresaron en 2011, año en el que creció un 3,6 % la recaudación.

Tal y como se esperaba, Cristóbal Montoro ha elevado además otro informe sobre el sector público y la necesidad de su adelgazamiento. Más de 4.000 entidades y consorcios forman parte del entramado según la Intervención General del Estado y su posible reducción es una tarea que habrán de abordar conjuntamente el Gobierno y las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el próximo CPFF se preguntará a las CCAA por qué se ha cumplido la reducción que se acordó en 2010 solo en un 13%.

En lo que compete exclusivamente al Gobierno, se está recabando información sobre los entes y organismos públicos para evaluar su situación y su viabilidad de cara al futuro.

Por último, la ministra de Empleo ha elevado otro informe sobre la situación actual, especialmente tras haberse conocido esta misma semana la cifra de parados con la que se ha cerrado 2011: 4.422.359 parados.