Nº 1565 -  26 / VII / 2014 
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OPINIÓN

Acelerar el ‘banco malo’

Primo González
 

La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P) culminó este jueves una nueva ronda de castigo a la banca española, recortando en diversas cuantías (alguna hasta la consideración de “bono basura”, caso del banco matriz de Bankia) las valoraciones de una decena de bancos, cajas-bancos y algunas cajas españoles, todos ellos de tamaño medio.

La rebaja era esperada ya que los grandes bancos sufrieron ya la correspondiente reclasificación hace unas semanas, a finales de noviembre, justificadas todas ellas por la aplicación de nuevos criterios a la hora de elaborar el nivel de calificación.

Al margen de la justificación, el sector financiero español recibe con este varapalo un nuevo aviso, que no debería dejar de llamar la atención al Gobierno entrante de Mariano Rajoy, ya que detrás de tantos movimientos valorativos late una indudable realidad, la deteriorada situación del sector inmobiliario. Es decir, la necesidad de que el nuevo Gobierno, con el asesoramiento del Banco de España y de quien sea menester, tome alguna determinación sobre el complicado asunto del llamado “banco malo”, o sea, el basurero al que podrían o deberían ir a parar los activos indigestos del sistema. Para decirlo en términos más directos, todo el elenco de promociones, viviendas impagadas y suelos de imposible recuperación para la finalidad para la que fueron calificados en su día, que suman una importante cantidad cuya cuantía no está nada clara porque su fijación depende de una serie compleja de factores, muchos de ellos de índole subjetiva.

Se ha barajado la cifra de 176.000 millones de euros como aproximación al quebranto inmobiliario que se aloja en los balances del conjunto del sector financiero español, aunque se estima que el importe real del quebranto, deducidas las cuantías de provisiones y saneamientos, podría quedarse en unos 100.000 millones de euros. Curiosamente esa es la cifra que en estos momentos ha alcanzado la banca española en su nivel de endeudamiento con el Banco Central Europeo (BCE), cifra que ha llegado a situarse estos días en la zona de máximos históricos. La asfixia derivada de la ausencia de liquidez del sector financiero español ha subido de nivel en las últimas semanas y el hecho de que las demandas de liquidez de la banca española al BCE representen ya un 26% del dinero que le han pedido al banco emisor europeo el conjunto de los bancos bajo su jurisdicción, en vez del 15% que sería la cuota normal dada nuestra dimensión económica y bancaria dentro de la Europa del euro, está cansando preocupación en medios oficiales.

Todo ello no es más que un acicate para la adopción de decisiones urgentes sobre este asunto, que a escala política sigue enmarañado en una compleja trama de discrepancias. Los 100.000 millones de los que se está hablando son una cifra ciertamente respetable y plantean además la importante cuestión de quién va a poner el dinero, ya que el Estado español está bastante seco y atado de manos para afrontar una tarea de este tipo. Y las entidades privadas carecen de los recursos suficientes.

Este mismo jueves, el máximo responsable del BCE, el italiano Mario Draghi, ha lanzado una especie de aviso a la generalidad del sector financiero al señalar que los bancos tendrán que enfrentarse a decisiones tan drásticas como la de frenar o directamente suprimir el dividendo, algo que ya han anunciado algunas entidades financieras del país vecino, Francia. Y no serán las únicas. La cuestión está en saber si entre ellas hay alguna entidad financiera española.

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