Crónicas liberales

La herencia envenenada

Manuel Martín Ferrand

Asegura Baura que sin el marco de una situación difícil, desesperada, no existe la posibilidad de que un político, sea cual fuere su talla, brille como solo lo hacen algunos de los grandes nombres de la Historia. Esa circunstancia es, posiblemente, la única que le asiste a Mariano Rajoy para salir con bien de la situación a la que ha de enfrentarse en cuando se cumplan los largos trámites protocolarios y administrativos que marcan el tempo del relevo gubernamental.

José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado como herencia de su errático buenismo una situación desesperada. En lo económico – primum vivere deinde philosophari – se teme con fundamento que, al concluir el año 2012, el número de parados alcance los 5,7 millones; en lo social, la Nación esta desvertebrada – más, mucho más, que cuando lo señalaba Ortega –; en lo político, el mal uso del Titulo VIII de la Constitución nos ha llevado a gran número de despropósitos; y en lo ético, cimiento básico de la prosperidad democrática, estamos bajo mínimos. Y eso sin entrar en detalles y problemas concretos, desde la Educación a la Justicia.

El daño producido por Zapatero y sus Gobiernos en las dos legislaturas de su responsabilidad son mayores de lo que parece. Por ejemplo, en lo que con cierta frivolidad muchos llaman “el sector del ladrillo”, todavía no se pueden evaluar las magnitudes del quebranto. No es solo la “burbuja” financiera o la congelación de un sector básico en nuestra estructura económica. La resaca de esa borrachera será tremenda y, además, difícilmente volverán las aguas a un cauce similar al que alcanzaron. Piénsese, para tener conciencia de la continuidad desmoronadora del problema, que las cuatro grandes empresas constructoras que cotizan en Bolsa – Colonial, Metrovacesa, Realia y Royal Urbis – podrían ser adquiridas hoy, según su cotización, en poco más del 8% del valor conjunto de sus activos totales.

Frente a situaciones de esa naturaleza, agigantadas por la inoperancia del Gobierno que todavía está en funciones, el Gobierno que reúna Rajoy no podrá contar con mucha ayuda de sus compañeros en el Congreso, ni de los próximos ni de los distantes en sus planteamientos ideológicos.

El PSOE, que anda grogui por el cuadrilátero de la actualidad, bastante tiene con afrontar su propia reconstrucción; pero la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, antes incluso de constituirse, ya pretende marcar distancias con el PP. Josep Antoni Duran y Lleida – de profesión, sus apariencias – ya ha informado a quienes integrarán su grupo que CiU se abstendrá en la investidura del nuevo presidente.

El que ahora será, por su volumen, cuarto grupo en la Carrera de San Jerónimo, IU, va más lejos y según su coordinador, Cayo Lara, “hay que mantener una movilización permanente por las agresiones contra el Estado de bienestar”. Esa es una vieja, y poco constructiva, actitud de la izquierda española: lo que no puede conseguir con votos trata de alcanzarlo en la calle, con ruidos y protestas. Mala democracia es esa que se gestiona con el barullo en lugar de contar los votos del hemiciclo.

Tampoco los sindicatos, si es que siguen representando a alguien, tienen más camino que el de las manifestaciones callejeras que, unidas a las huelgas que se ven venir, empezando por la de los pilotos de Iberia, crearán un ambiente enrarecido y escasamente propicio para que el nuevo Gobierno consiga merecer la confianza de los ciudadanos y, sobre todo, proyectar confianza a los mercados y a los vecinos continentales.

El de León, que se dispone a instalarse en una de las zonas residenciales más exclusivas de Madrid, en Somosaguas, y del que se dice en los mentideros capitalinos que aspira a ser marqués –¡Dios le ampare! – no solo no ha resuelto ninguno de los grandes problemas que ha generado, a los que no quiso ver llegar y frente a los que no supo reaccionar, le deja también a su sucesor otros problemas menores, pero explosivos y artificialmente creados. Desde el asunto del Valle de los Caídos a la Ley Sinde pasando por el apremio en los relevos y nombramientos que están, o estarán presentes, en el CGPJ, en el Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, TVE y una docenita más igual de conflictivos, pero menos aparentes.

Rajoy, con sus 186 diputados – tres más de los que alcanzó en su segunda y mayoritaria legislatura José María Aznar –, puede valérselas en el Congreso. Incluso, parece, puede contar con – en lo que cabe – la mejor disposición en los órganos europeos; pero la calle no es suya y la izquierda, sin discurso, tiene que agarrarse, como a un clavo ardiendo, a la prédica de un Estado de bienestar que, en sus formulaciones actuales, ya no es posible en España.

También asegura Baura que, en los casos desesperados, el riesgo no debe convertirse nunca en elemento disuasorio de la iniciativa; siempre es preferible la posibilidad de una catástrofe que su certeza.