Se acumulan las malas noticias y las que vienen de Italia, en el crepúsculo y patético final del inefable Berlusconi, empujan a los españoles al precipicio del rescate financiero ante la incapacidad de las instituciones de Roma para poner fin al desvarío, ejecutar las reformas prometidas y ofrecer estabilidad política. Carencia esta última que también lastra la situación de Grecia, y que ha de llevar a italianos y griegos a unas urgentes elecciones.

En España la situación económica y financiera es algo mejor y la estabilidad política está al alcance de la mano, a solo diez días de la jornada electoral del 20-N, de la que probablemente saldrá un gobierno del PP con amplia y cómoda mayoría. Pero el baile de las horas y los días se desarrolla a ritmo vertiginoso y ello obliga a estrechar los plazos de investidura del presidente y la formación del nuevo gobierno porque la nave española no debe de estar sin gobierno ni las instituciones bloqueadas.

Y al hablar de las instituciones tenemos que mencionar La Corona que en momentos difíciles de España ha actuado con diligencia, y que en los últimos días ha sufrido embates de deterioro –como lo ha revelado la última encuesta del CIS-, entre los que figura ahora la presunta implicación del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en un escándalo de presunta apropiación y desvío de fondos públicos como se desprende de las indagaciones judiciales sobre contratos sospechosos del Instittuto Noos, que en su día fue presidido por Iñaki Urdangarín y por su socio Diego Torres (ya imputado en la causa), y donde ambos aparecen como los autores y responsables de una trama que conseguía desmedidos favores de los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia, que en ese tiempo lideraban Jaume Matas y Francisco Camps, dos políticos procesados por casos de corrupción y pendientes de juicio.

En estas circunstancias y a la espera de decisiones judiciales y de la fiscalía sobre el Duque de Palma –que de momento no ha sido imputado-, no podemos olvidar el alcance mediático y social de los hechos que aparence en los autos judiciales y que sin lugar a dudas dañan el prestigio y el buen nombre de La Corona por ser el Duque de Palma miembro destacado de la Familia Real por su condición de esposo de la Infanta Cristina. Infanta a la que Iñaki Urdangarin, en la que parece haber sido su irregular actuación empresarial haciendo un mal uso de su elevada posición, había situado de manera temeraria, aunque solo testimonialmente, en una de sus sociedades hoy bajo sospecha.

Así las cosas, sorprende el silencio y “lejanía” de Urdangarín ante el revuelo político, mediático y social provocado y se hace cada vez mas necesaria una aclaración así como una decisión pública, o cortafuegos -¿cómo se logra eso?, esa es la cuestión-, que aleje de esta lamentable situación a la Familia Real, empezando por los Reyes y los Príncipes de Asturias cuya trayectoria ejemplar debe quedar a salvo de este presunto y asombroso disparate.

Y todo sin menoscabo de la presunción de inocencia que ampara a Urdangarín, como a todo español sometido a una investigación judicial, pero que hoy está en entredicho cuando el silencio –al igual que ocurre ahora con el ministro José Blanco- permanece como única respuesta a unos hechos que debería explicar. Si es que tienen explicación o respuesta razonable que, de existir, no debería tardar en llegar. Máxime en un momento tan difícil para millones de españoles en el que los ocupantes de los altos puestos de representación institucional deben ser ejemplares en sus actuaciones y, si están bajo sospecha, ofrecer las respuestas oportunas, transparencia y la verdad. Eso sí, en el caso de que se confirmen las sospechas Urdangarín no solo no podrá eludir sus responsabilidades ante la ley sino que deberá soportar y acatar las decisiones de la Justicia como un ciudadano más, y si ha pensado o imaginado alguna otra cosa o privilegio se equivocará.