Nº 1654 -  23 / X / 2014 
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OPINIÓN

Reforma constitucional rechazable en forma y fondo

Luis de Velasco
 

Después de años de jurar y perjurar que la Constitución de 1978 es poco menos que intocable, los dos partidos mayoritarios, a iniciativa del gobierno de la nación, deciden una reforma de la misma. Lo deciden por imposición externa y da lo mismo que esa imposición haya sido o no explícita, haya venido o no por carta, haya sido impuesta por Merkel o por el Banco Central Europeo. Muy, muy mal, peor de lo que se conoce, debe estar nuestra economía para que se apruebe a toda velocidad una reforma como ésta.

Este procedimiento de urgencia y en única lectura de algo tan importante como una reforma constitucional no es de recibo, es absolutamente rechazable. Un acuerdo bipartidista muy rápido y sencillo (por algo muchos dicen que PP y PSOE en los temas fundamentales son lo mismo, de ahí eso de PPSOE), una semana escasa de plazo para la tramitación, llamadas al consenso que en realidad son que se sume el que suscriba lo acordado sin cambiar nada, desprecio absoluto a organismos consultivos como el Consejo de Estado, todo ello impulsado por un gobierno amortizado y desacreditado. Todo un rosario de agravios a algo tan importante como la soberanía nacional, ninguneada una vez más. Recordemos que en democracia, incluso en una democracia tan comatosa como la nuestra, las formas son tan importantes como los contenidos. Esas formas, una vez más, se están pisoteando con este proceso.

Porque lo que está en juego es nada menos que una reforma constitucional y además muy importante. No se trata de una reforma puramente técnica sobre un tema económico menor. Aquí se trata de constitucionalizar un instrumento clave, central, decisivo en la política de un país como es la política del déficit y deuda pública y por lo tanto la política presupuestaria. Con esta reforma, se impone una determinada visión económica y se le da una enorme rigidez al constitucionalizar ese dogma. Nadie discute la necesidad de una política de estabilidad presupuestaria (es lo que hace años se denominaba “la preservación de los equilibrios macroeconómicos fundamentales”, concepto incluso más amplio) pero de esa aceptación no se deduce necesariamente la constitucionalización. Más en nuestro caso cuando el gobierno tiene instrumentos suficientes, desde los tratados de la UE incorporados a la legislación nacional hasta una reciente sentencia del Constitucional sobre techos de gasto para las Autonomías, para desarrollar esa política. Si no lo hace es porque no tiene voluntad política para enfrentar determinados intereses muy poderosos. Lo querría intentar ahora con la coartada de la constitucionalización. Por su parte el PP quiere esta reforma (que por cierto podría haber sido peor) por razones ideológicas. Está convencido de la vigencia de la llamada “austeridad expansiva”: lograr un déficit presupuestario cero y todo lo demás se os dará por añadidura. Otro descubrimiento de la piedra filosofal, una más.

A pesar de todo y a la vista tanto de los vericuetos de lo pactado como de sus plazos, no es descartable que todo o casi todo quede en nada. Se habla de 2020 pero por poner un ejemplo ¿alguien puede asegurar que para esa fecha seguirá el Euro o que la Eurozona estará integrada por los actuales miembros? Estos tres últimos años hemos visto cosas inimaginables y más vamos a ver en lo inmediato.

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