Nº 1471 -  23 / IV / 2014 
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OPINIÓN

La CAM y la Generalitat se divierten, el Estado paga

Primo González
 

Por lo que se va viendo y sabiendo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, caja con sede en Alicante, se había convertido en una especie de segunda ventanilla multiusos para la Generalitat Valenciana, para sus dirigentes políticos, que utilizaban esta entidad financiera para finalidades diversas, casi ninguna de las cuales pasaría el examen de un inspector del Banco de España o de un profesional serio de banca. La CAM puede ser a la postre el paradigma de un sistema, el de las cajas de ahorros, que la organización política del Estado, al adoptar la forma de Estado descentralizado con Autonomías de diverso grado de competencias, ha ido montando en los últimos años sobre bases de dudoso rigor financiero y que ha funcionado aparentemente bien en una etapa de bonanza económica en la que los vicios y defectos de los entes económicos eran menos visibles pero que ahora, bajo el viento implacable de una crisis que dura ya más de tres años, están saliendo a relucir con toda su crudeza.

La representación política en las cajas de ahorros, reforzada mediante leyes autonómicas al margen del Estado en bastantes ocasiones, ha demostrado ser un mecanismo altamente peligroso para el propio Estado (que al final es el que pone el dinero cuando hay quebrantos), para el sector (que paga parte de los platos rotos y que sufre la erosión del prestigio), para las Autonomías (porque ha desacreditado su capacidad para gestionar entidades financieras eficientes y rentables, lo cual puede ser extensible a otras muchas actividades empresariales de ámbito autonómico público) y a la postre para los clientes y para los contribuyentes, tanto de la Autonomía en donde se producen los percances como los del conjunto del país, ya que el sistema de aseguramiento de los depósitos del sector bancario acaba difundiendo los quebrantos para la generalidad de la sociedad española. A pesar de todas las deficiencias que las cajas han puesto de relieve en estos últimos años, aún no ha habido en la clase política una voz suficientemente autorizada que proponga la supresión de una vez por todas de esa antigualla que supone tener a los políticos locales sentados en las mesas decisorias de instituciones financieras que gestionan el dinero de los ciudadanos sin la profesionalidad requerida por el oficio y con los riesgos que se están viendo.

La colección de desatinos que ha protagonizado esta caja de ahorros es larga. Créditos a bajo tipo de interés para directivos sin más garantía que la facial, financiaciones de auxilio para la Generalitat aprovechando la larga mano de la institución autonómica en esta especie de banco filial, manejos urbanísticos en diversas fases del negocio inmobiliario,… Lo cierto es que el país, o una parte significativa del mismo, ha estado un montón de meses tratando de poner de patitas en la calle al presidente valenciano por el asunto de unos trajes que, en el peor de los casos, no representaban un coste de más allá de 50.000 euros y, en cambio, se nos ha estado escapando el conocimiento de un problema financiero en el que se van a ver comprometidos posiblemente más de 5.000 millones de euros.

Lo de los trajes del presidente autonómico valenciano es un asunto grave pero no deja de ser testimonial, sin daño significativo para las arcas públicas de la entidad autonómica. Otra cosas es el tráfico de favor que haya podido derivarse de actuaciones políticas inspiradas por quienes recibían obsequios de los grupos de interés económico. La de la caja es otra cosa, tiene otra dimensión, un coste exorbitante en comparación con lo de los trajes, que no deja de ser un divertimento con el que a veces se entretiene la clase política aborigen para desviar la atención de cuestiones mucho más relevantes, llenando páginas y páginas de periódicos y largas horas de televisión y radio, cuando los verdaderos problemas económicos, en los que se ventilas miles de millones, se mantienen en una discreta penumbra. En todo caso, y aunque parezca una broma, la quiebra de la caja filial, con sus varios miles de millones a cuestas, apenas tendrá efecto sobre las arcas autonómicas valencianas, ya que todo el mecanismo prudencial conduce al dinero público del Estado, al Banco de España y al Fondo de Garantía de las cajas. La Generalitat Valenciana se queda prácticamente indemne a pesar de su indudable responsabilidad en este fracaso financiero de alto coste.

La CAM levantina era una de las mayores instituciones financieras del país en el sector de las cajas de ahorros. Ahora, tras la intervención del Banco de España, que se hace cargo en la práctica de todas las cuentas pendientes, es un muerto que difícilmente podrá ser objeto de reciclaje, ya que sólo a costa de grandes inyecciones de recursos públicos podría salir a la venta con expectativas de colocación entre agentes económicos privados. El desguace puro y simple podría ser una solución, ya que contribuiría a resolver el problema de exceso de capacidad que tiene el sector financiero español, un problema cuya resolución está en marcha desde hace dos años pero que está aún lejos de haber llegado a la culminación deseable. Los excesos del sector financiero, con una red de oficinas aún bastante más extensa de la que el país necesita, están todavía algo lejos de estar resueltos. Las cajas en crisis, con redes por lo general redundantes y que han generado ineficientes duplicidades, tienen todavía por delante un importante papel de ajuste.

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