Nº 1652 -  21 / X / 2014 
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OPINIÓN

Autonomías: el agujero negro

Ignacio del Río
 

La deuda de las CCAA ha aumentado un 26.4% (25.378 millones más) en el primer trimestre de 2011, conforme a los datos del Banco de España. En el top ten  de la deuda acumulada, Cataluña que ha incrementado su deuda en términos interanuales un 33% más, seguida de Valencia (+16,4%), Madrid (16,3%),  Andalucía (+19,1%) y Galicia (+16,4%).

Los gobiernos, como se ve, de todos los colores y de las Autonomías históricas solo se salva el País Vasco que ocupa el séptimo lugar  y que ha incrementado su deuda el último año, gobierno PSOE con apoyo del PP ,en un 48,2%.

La deuda total de las CCAA asciende ya a 121.420 millones de euros, cantidad que se publica sin contabilizar su sector público, empresas, organismos y demás fórmulas de escape del control del servicio deuda, cuya estimación puede estar en torno a los 17.000 millones de euros más.

En la constitución de los Parlamentos y Asambleas autonómicas y en la formación de los Gobiernos, todo, como ha sucedido con los Ayuntamientos, menos un discurso nacional  que refleje, al menos, una leve voluntad y propósito de enmienda. La reducción de Consejerías es un simple maquillaje y no se ha presentado una agenda de supresión de organismos, Tribunales de la competencia, observatorios, Fundaciones, Empresas, etc., cuyas funciones están duplicadas y pueden ser naturalmente desempeñadas por las propias estructuras administrativas.

En el escenario de los ingresos de las CCAA, las perspectivas no son nada favorables. Los tributos cedidos a las CCAA, transmisiones, sucesiones y actos jurídicos documentados están vinculados al ciclo depresivo del sector inmobiliario. Y la participación en los ingresos del Estado también se verá reducida por la menor recaudación del IRPF y del IVA. Menor masa salarial bruta por el paro y menor consumo.

Por lo  tanto, solo queda una política posible. Reducir gastos, vender  patrimonio y al mismo tiempo bajar impuestos para favorecer una recuperación de la actividad económica y la creación de empleo. La UE lanzó la piedra de que era necesario bajar las cotizaciones sociales y subir el IVA y, luego, escondió la mano ante las protestas de la Ministra Salgado. Pero por mucho que el crecimiento del sector turístico alcance un 7% y aligere las cifras de paro, aquí nadie va a contratar empleo fijo mientras el marco laboral tenga las rigidices actuales y el coste de las cotizaciones sociales esté por encima del 27% del salario bruto.

El simple inventario de sedes, oficinas y despachos de las CCAA, si se publicase,  y se conociesen los lugares en que están instalados, pagando además rentas  de oficinas de lujo descontroladas, sería un escándalo.

En declaraciones a la cadena SER, el exPresidente Felipe González ha planteado la supresión de las Diputaciones, cuyas funciones serían absorbidas por las CCAA que fueron sus sucesoras naturales, además de haber montado las Comunidades delegaciones de las Consejerías en las capitales de provincia. Una iniciativa que ya se presentó en este medio, aunque al menos sirve para empezar a andar. Tiene gracia cómo se ilumina la imaginación del PSOE cuando ha perdido las elecciones y ya no va a poder trajinar con los planes de obras y servicios municipales que han dado para tanto en Andalucía, repartiendo un polideportivo aquí y un nuevo edificio del Ayuntamiento allí.

Esperanza Aguirre en Madrid ha lanzado una propuesta de reforma electoral light con la intención de dar una respuesta política a los indignados. Las listas abiertas son un avance, pero el verdadero cambio sería un sistema mixto con la elección mayoritaria y por distritos uninominales, como sucede en EEUU y el Reino Unido, sistema que quedaría corregido con una lista para todo el territorio a la que se le asigne el 50% de los diputados o concejales a elegir, con una distribución mediante un sistema proporcional puro. Con este sistema se garantiza  la representación plural a través de  los partidos y se rompe la endogamia, de tal modo que el elector reconoce e identifica  a su representante.

Al sur, Javier Arenas ha hecho una proclamación de fe, le ha salido la vena demócrata cristiana, en la condición de servicio público de las televisiones públicas autonómicas. Nadie le ha preguntado qué programas calificaría como servicio público andaluz, pero no cabe duda que hay que tener un concepto muy deteriorado del servicio público para encontrar algo parecido en la RTVA. Siempre le queda el argumento de la comparación con las otras TV autonómicas, pero es decepcionante por donde viene la preparación electoral de Arenas en Andalucía, que puede  hacer bueno uno de los principios de Peter.

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