La semana pasada, el Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias de indudable importancia. En las mismas, anula los respectivos artículos de los dos Estatutos que otorgan competencia exclusiva a los gobiernos de Andalucía y de Castilla León sobre lo que ellos llaman “sus” ríos, esto es el Guadalquivir y el Duero.

Dos sentencias importantes, siempre que el Gobierno de la nación no encuentre un camino para desvirtuarlas. Hipótesis muy probable a la vista de las primeras declaraciones de Zapatero y del presidente andaluz Griñán al término de su reciente entrevista en Moncloa. Este cree que “hay margen” para que su región mantenga sus competencias y, para ello, señaló que “habrá que hacer una labor de arquitectura jurídica” para lo cual tiene la total colaboración del Gobierno de la nación. Eso de la “arquitectura jurídica” quiere decir que, como ha ocurrido en el caso del Estatut, hay plena disposición bilateral para encontrar un camino que permita desvirtuar la sentencia. Al fin y al cabo, el derecho no es una ciencia exacta sino de matices e interpretaciones y quien tiene el Boletín Oficial del Estado (o el de la Comunidad Autónoma) siempre parte con ventaja. Más si recordamos que la alegación presentada por la abogacía del Estado en nombre del gobierno ante el Constitucional no se alineaba con la tesis de la sentencia sino con las de las dos Comunidades Autónomas, despreciando algo tan fundamental como la gestión unitaria de la cuenca hidrográfica.

Algo tan central para una idea de nación, para una gestión racional de un recurso escaso y cada vez más valioso como el agua, para tener una economía competitiva, para una sociedad cohesionada, para un país con una larga y beneficiosa tradición como la de las Confederaciones Hidrográficas, todo eso ha sido reducido a escombros por un disparate más del estado autonómico. Los dirigentes autonómicos hablan de “sus” ríos, de aguas “andaluzas”, de no ceder “sus” aguas a españoles de otras Comunidades.

El candidato de UPyD (único partido que ha declarado su pleno apoyo a las dos sentencias) a la Junta de Castilla y León, acierta cuando ha dicho que esta sentencia anula “las pretensiones tardonacionalistas” de la Junta, razonamiento aplicable a Andalucía. No se trata de eso sólo, de ser más nacionalista que los nacionalistas, de mentalidad virreinal en el huerto propio. Hay además un tema de poder, de clientelas, de presupuesto y dinero, de cargos y carguitos a repartir, en suma de seguir disfrutando de prebendas. Tan ideológico y lógico como eso.

La inmensa mayoría de la ciudadanía rechaza las crecientes disfunciones y gastos superfluos del estado autonómico (el impacto popular de estas sentencias en ambas Comunidades ha sido nulo, la gente tiene otras preocupaciones). Pero su voluntad es secuestrada por el PSOE y el PP y sus sucursales regionales y por sus maestros, los nacionalistas. Con la impagable colaboración de la mayoría de medios de comunicación. Esos que Carlos Martínez Gorriarán ha definido acertadamente como “prensa concertada”.