El Presidente del Ejecutivo se enfrenta a un otoño social y políticamente muy tenso pese al alivio que ha provocado en el Gobierno el esperado anuncio de la tregua de ETA, aunque la declaración de “no llevar a cabo acciones armadas ofensivas”, sea considerada como un compromiso insuficiente.

El principal problema es que Zapatero tiene que sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para no verse obligado a convocar elecciones anticipadas. Y no lo tiene fácil. Las crecientes exigencias de los nacionalistas vascos le están creando otro problema interno con su propio partido, ahora en Euskadi.

Pese a que confía en el PNV para conseguir la mayoría suficiente con la que sacar adelante las cuentas públicas en el Congreso, las crecientes muestras de desprecio de los nacionalistas hacia Patxi López están más que complicando la resolución del problema. Hay más socialistas vascos en el Congreso que nacionalistas del PNV.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha calificado de “lehendakari de saldo” a López porque trataba de alcanzar un acuerdo rápido con La Moncloa para evitar que el INEM vasco se volviera a convertir en la moneda de cambio al apoyo a los presupuestos del 2011. A tenor de las declaraciones de Urkullu en su blog, el acuerdo intentado por López con Moncloa no ha sido posible.

El presidente vasco parecía dispuesto a aceptar las transferencias del INEM para políticas activas de empleo con unos recursos de unos 320 millones de euros para hacer frente a sus obligaciones, mientras que los nacionalistas calculan que se necesitan unos 480 millones. Esta diferencia se debe a que los nacionalistas exigen que en el paquete de las materias transferidas se incluya el coste de las bonificaciones a la contratación de las que se benefician las empresas por la reducción de las cuotas que pagan a la Seguridad Social. Son las que elevarían hasta 480 millones de euros el cálculo de los peneuvistas.

El Ejecutivo central se ha mostrado reacio hasta ahora a abrir admitir esta diferencia para Euskadi porque el resto de gobiernos, en especial de las autonomías consideradas nacionalidades, empezando por los nacionalistas catalanes, se pondrían sumar a las reivindicaciones.

Los Presupuestos son el primer y gran problema de Zapatero, que como la primera estación del Vía Crucis, podría suponer la condena del Presidente. Pero el calvario será duro. Mañana mismo los sindicatos CCOO y UGT presentan la convocatoria oficial de huelga general del día 29 en el ministerio de Trabajo. Dos días más tarde unos 15.000 delegados de los sindicatos mayoritarios se congregan en el Palacio de Vistalegre de Madrid, en el primer acto multitudinario de los sindicatos de cara a la huelga general.

El 15 de septiembre Zapatero comparece en el Congreso para informar de la situación de las tropas españolas en Afganistán en un ambiente de creciente rechazo parlamentario y ciudadano a esa misión.

Dos días más tarde también se reúne la interparlamentaria del Partido Socialista de Euskadi en San Sebastián en un acto de apoyo a Patxi López ante el creciente protagonismo del PNV como casi único socio posible del Gobierno central para aprobar los presupuestos.

El 29 tendrá que afrontar la primera huelga general que le han convocado los sindicatos, otrora sus interlocutores privilegiados.

El 3 de octubre afronta su prueba con el PSOE madrileño que en primarias debe decidir si opta por su candidata para la Comunidad de Madrid, Trinidad Jiménez o por el secretario general de la federación madrileña, Tomás Gómez.

Los resultados serán claves para la remodelación del Gobierno, que la vicepresidenta niega, pero que el abandono de Celestino Corbacho para presentarse a las elecciones catalanas obliga al menos a un cambio en el departamento de Trabajo e Inmigración.

Pero la fecha clave del otoño será el 20 de octubre. Ese día deberán debatirse las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Si el Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas de Estado, el presidente podrá verse en la obligación de anunciar el adelanto de las elecciones, como se hace en las democracias occidentales, aunque la Constitución le permite seguir otro año más con unos presupuestos prorrogados con la corrección de la inflación.  El Vía Crucis está servido.