Al margen de la lógica inquina de Argel por la obsecuencia del presidente Rodríguez con Marruecos en la política sobre el Sahara Occidental -al no defender la soberanía del pueblo saharaui y sí el anexionismo jerifiano, en el que Mohamed VI sigue la política de su padre, queriéndola completar en la totalidad de sus registros-, la anunciada iniciativa de Argelia de proponer formalmente a la Asamblea General de Naciones Unidas, para que este miércoles apruebe una resolución contra la práctica de pagar rescates al terrorismo a cambio de la libertad de quienes secuestró, ha sido un cobro a la vista por la desafección diplomática ante los derechos de los saharauis y a los obvios intereses argelinos que apoyan a éstos.
El régimen de Argel, que posiblemente como ningún otro ha padecido en sus propias carnes la sangrienta peste del terrorismo islámico, ha tomado como sólido y puntual estribo para su política de coordinación de la lucha contra Al Qaeda en el noroeste africano, el reciente rescate, previo pago, de los cooperantes catalanes que fueron secuestrados en noviembre del año pasado en Mauritania. La diplomacia de Buteflika no ha dejado escapar la ocasión. Así se las ponían (las carambolas) a Fernando VII.
Aunque la propuesta a la Asamblea General se apoya en el consenso generalizado de que, efectivamente, ha sido satisfecho un congruo rescate conforme las exigencias terroristas captores de tan conspicuos practicantes del turismo solidario -con el cual los alqaedanos han obtenido un significativo volumen de carburante a expensas del contribuyente español-, es lo más probable que la diplomacia argelina haya descontado también los desembolsos entregados a los piratas somalíes, temáticamente emparentados con la actividad de Al Qaeda en el más conflictivo de los Estados fallidos de este tiempo postcolonial.
Se asume así que tanto la piratería del Índico como la piratería de secano en el noroeste africano dan por sentado que el Presupuesto español es para los terroristas, posiblemente, la más segura y fácil estación de servicio donde repostar recursos para manutención y propia multiplicación. Con suministros y cobranzas garantizados -dado que al “ardor guerrero” que De la Vega atribuye a José María Aznar se contrapone el “ansia infinita de paz” de quien ahora preside el Consejo de Ministros-, España parece haberse puesto en camino de ser el primer contribuyente a las arcas del terrorismo islámico. Condición imputable o acaso derivada de su papel fundante y promotor de la Alianza de Civilizaciones.
Más allá de que prospere o de que finalmente naufrague la propuesta argelina a la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que en el primero de los casos significaría un baldón internacional para el proceder de este Gobierno, dado el rango que como problema para todos -especialmente para los occidentales- tiene el terrorismo islámico, la cuestión del entreguismo político-diplomático que se practica aquí desde el zapaterismo confeso merece un debate nacional muy en serio. De algún modo parece imponerse la necesidad de que oficialmente se veten -respecto de los excursionistas secuestrados- otras y estas prácticas de filantropía sin bandera nacional a costa del contribuyente español. Y si no se veta y se hace tal excursionismo -tan del gusto como cualquiera otro del nacionalismo catalán-, que estos héroes vacacionales lo hagan a sus expensas. Con o sin las correspondientes pólizas de seguros, para que las primas las paguen ellos y los primos no seamos, como contribuyentes, el resto de los españoles.