Los sindicatos se manifestarán el 19 de febrero para “clamar” contra la reforma laboral
Nadal pasa un control antidoping sorpresa: “Era de esperar”
Diego Torres se acoge a su derecho a no declarar y abandona los juzgados
Crisis de Gobierno en Grecia por los ajustes pactados con la troika
A su juicio, Pajín “debe ser garante de todo lo que emana del Comité Federal y una de esas decisiones fue que ya hay un censo cerrado a 17 de julio”, ha argumentado.
Tras señalar que el censo que aprueba el Comité Federal “va a misa y es sagrado porque lo ha aprobado el máximo órgano del partido”, ha explicado que, si se permite votar en Móstoles, se estaría “modificando el censo en cientos de personas que ni siquiera están al corriente de pago, porque desde hace dos años no pagan una sola cuota al PSOE“.
En su opinión, eso supondría un agravio para los “militantes que se han quedado fuera de ese censo porque han tenido un descuido en marzo en la última cuota con su cuenta bancaria, a pesar de que han venido ejerciendo su militancia de manera regular”. ”Creemos que el espíritu de primarias se violenta y se viola con esta decisión, que entendemos que no es ecuánime y no respeta la neutralidad que debe presidir el proceso”, ha denunciado.
A pesar de que la Agrupación de Móstoles fue cerrada en 1998 por la Ejecutiva del PSM, 140 de sus antiguos militantes firmaron recientemente un documento para reclamar su derecho a votar en las primarias para elegir al candidato a la Comunidad de Madrid. Según Eusebio González, esas 140 personas han manifestado su apoyo a la candidatura de Trinidad Jiménez y algunos “militan ya en otros partidos como UPyD”.
La decisión de la Comisión de Garantías la han defendido hoy, entre otros, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco; el portavoz de la Plataforma de Apoyo a Trinidad Jiménez, David Lucas, y el futuro candidato a la alcaldía de la capital, Jaime Lissavetzky.
Blanco ha afirmado que en el PSOE “siempre tienen que prevalecer los derechos de los militantes sobre cualquier otro derecho o interés”, al igual que Lucas, que ha considerado primordial “garantizar la participación de los militantes”.
Roberto Rey, concejal de Móstoles, también ha defendido el “derecho fundamental de los militantes a pronunciarse en una elección tan importante”, aunque ha reconocido los “problemas” que supone “vestir eso jurídicamente” y también lo contrario, es decir, negar ese derecho a los militantes.
A su juicio, deberían votar los afiliados que estuvieran al corriente de pago cuando se cerró la agrupación (algo menos de 700) y, si los afines a Gómez no quieren, dará la “sensación de que en dos años no han querido solucionar los problemas para abrir la agrupación de nuevo”.