Chile ha sido el primer país que ha protegido mediante una ley la neutralidad de Internet. Libertad de acceso para enviar y recibir contenidos, sin bloqueos arbitrarios ni discriminación y una definición del terreno a las operadoras que administran y gestionan la red, sin que pueda realizar acciones que limiten o impiden la libre competencia.
La ley abre un camino que debería continuar en los demás países y, en primer lugar, en las democracias liberales en las que Internet es hoy una condición necesaria para garantizar la libertad de expresión y de creación literaria. La UE, tan profusa en su actividad legislativa, debería ser pionera en la regulación de las garantías de acceso y de recepción de contenidos a través de la red.
Luego está el debate del modelo financiero, que ha lanzado Julio Linares, consejero delegado de Telefónica, planteando un sistema de pago diferenciado en función del número y densidad de los contenidos que el usuario baja. A más contenidos, más pago en la factura por ADSL.
En paralelo, el cobro a los buscadores, que actúan en la intermediación entre los contenidos y los usuarios, privilegiando posiciones mediante el pago de un precio. Y, en la trastienda, el e commerce, la adquisición de bienes y servicios mediante el comercio electrónico. Zara, la primera empresa de moda española, ha inaugurado su primera tienda virtual, anticipándose a la inevitable revolución comercial.
Un puzzle realmente apasionante, en el que se entrecruzan intereses económicos, ideologías, cambios sociales y sobre todo una estructura global que ha volado fronteras físicas y ha relativizado el tiempo, convirtiendo al Dios Cronos en una estatua de sal.
Lo que no cabe la menor duda es que los países que afrontan el cambio de siglo con una red más extendida y tecnológicamente más capaz, tienen una ventaja competitiva sobre los demás y estarán mejor preparados para enfrentarse a la crisis económica con mecanismos de ahorro y de eficiencia económica más adecuados. Ahora bien, ¿quién paga el coste de la inversión?
Alguna asociación ha enarbolado la bandera del servicio público universal o lo que es lo mismo, un sistema de cobertura público general y dispuesto a asumir un desequilibrio en su cuenta de resultados. Una autopista sin peaje que llega a todos los rincones y que se financia igualitariamente, independientemente del uso y del coste real del servicio.
Actualmente, Telefónica cubre el servicio público universal en la telefonía, tras la liberalización del sector de las telecomunicaciones que impulsó y aprobó el exministro Rafael Arias Salgado en la primera legislatura de Aznar.
En la red ADSL los nuevos sistemas, ADSL2 y ADSL 2 +, con mayor capacidad para bajar TV y video, sobre un mayor ancho de banda, que posibilitará compatibilizar, en el mismo tiempo, la bajada de una pluralidad de contenidos, revolucionará la oferta de Internet y reabrirá el debate económico: cómo se financia la administración y mantenimiento de la red.
La utopía socialista, la sociedad igualitaria, en la que proliferan los servicios públicos nacionales financiados con lo impuestos y sin evaluación del coste individualizado, no resiste los requerimientos de las nuevas tecnologías ni es compatible con la dura realidad de la crisis-transformación económica. Si queremos un cambio real del sistema productivo tendremos que apoyarnos en el cambio tecnológico que permita producir mejor y más barato. Y si la red se convierte en el gran bazar los vendedores tendrán que pagar los puestos del mercado global, aunque después lo repercutan en los consumidores finales. Como siempre ha sucedido.
