Los militares estadounidenses son el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, a quienes el juez español Santiago Pedraz imputa un delito contra la comunidad internacional en concurso con uno de homicidio. El portavoz estadounidense no quiso entrar en el contenido de la decisión judicial emitida en España, e indicó que “son las autoridades españolas las que deben tratar sobre los particulares de este asunto”.

Con estas declaraciones, el Departamento de Estado reaccionó a la orden de busca, captura e ingreso en prisión ordenada por el magistrado de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz por la muerte en Bagdad del cámara José Couso los primeros días de la guerra de Iraq, el 8 abril de 2003.

Couso murió cuando tomaba imágenes desde el hotel Palestina, donde se alojaba, al igual que una gran parte de los periodistas que cubrieron la guerra de Iraq. El cámara de la cadena privada de televisión española Telecinco falleció al ser alcanzado por los disparos de un carro de combate de las fuerzas de Estados Unidos, que causaron también la muerte del reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk.

El juez que ordenó este jueves la captura y detención de los tres militares estadounidenses considera que concurren “motivos bastantes” para considerarlos culpables de “ataque a la población civil”.  La decisión es un paso más en el largo proceso judicial abierto por la muerte de Couso y se produce después de que el Tribunal Supremo español ordenara principios de este mes su reapertura tras haber sido archivado.

Pedraz considera que “teniendo en cuenta que los hechos acaecieron” durante la administración del anterior presidente de Estados Unidos, George W. Bush, “podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación (antes denegada)” por parte del Gobierno actual de Barack Obama. Por ello, vuelve a pedir la declaración de los tres imputados y reclama a los Departamentos de Estado, de Defensa y de Justicia de ese país toda la documentación sobre los hechos.