Las empresas constructoras acaban de poner el grito en el cielo. Tras los sucesivos recortes del gasto público, el último tijeretazo del Ministerio de Fomento ha sembrado la alarma en el sector. Este miércoles, todos los representantes de las diversas organizaciones empresariales del sector se han unido en una convocatoria insólita para reclamar un cambio drástico en los planes del Gobierno.
Bien sabido es que el Gobierno de Zapatero está desde principios de mayo en plena ofensiva de recorte del gasto público para cumplir los objetivos de disminución del déficit público. Las sucesivas oleadas de recorte en los gastos han terminado por afectar también a la zona más sensible para el crecimiento económico y para el empleo de cuantas forman parte de los capítulos presupuestarios públicos. Este freno a la inversión pública, en especial en infraestructuras, nos pilla en un momento económico bastante crítico, con el agravante de que esta vez, a diferencia de lo que sucedía en los años 80 e incluso en los 90, ya no contamos con el apoyo de la Unión Europea, que se tradujo en aquellos años iniciales de nuestra adhesión en masivas inyecciones de dinero destinadas a facilitar la cohesión económica española, recién llegada a la Europa rica. Aquellas aportaciones masivas de capitales sirvieron para restañar deficiencias seculares de nuestras comunicaciones que, a la postre, aceleraron la integración de España en el conjunto de Europa, además de dotar a la economía española de un sólido crecimiento de la inversión y el mantenimiento de un elevado nivel de empleo. Pero ya no somos el pariente pobre de la Unión y en los últimos años hemos tenido que afrontar de forma creciente la propia financiación de nuestras inversiones en infraestructura.
La inversión pública, en efecto, es uno de los motores básicos del crecimiento económico del país y es una actividad bastante intensiva en empleo, por lo que un frenazo en los gastos de inversión afecta gravemente al nivel de actividad económica actual y a las estadísticas de paro. Afecta también, como es lógico, a la capacidad futura de la economía, ya que las inversiones públicas tienen como principal objetivo proveer de infraestructuras nuevas y cada vez más capaces a la actividad económica, contribuyendo a la modernización del país y aportando dosis de calidad a la actividad económica futura.
Los empresarios han realizado diversos supuestos sobre el impacto del menor nivel de inversión pública en estos próximos años. Los resultados de estos ejercicios de cálculo son muy preocupantes porque a corto plazo el riesgo de aumento del desempleo derivado de esta paralización de obra pública puede traducirse en varios cientos de miles de personas, cuando ya el paro roza cifras prohibitivas, en el entorno del 20% de la población activa. Las empresas constructoras han cambiado mucho en los últimos años y las grandes, un puñado de una decena de compañías, han ido diversificando su actividad dejando a la construcción como un mero referente histórico y dedicando ya el grueso de sus actividades a los servicios, a las nuevas energías, a la explotación de puertos y aeropuertos y a otros muchos afanes. Pero el sector de la construcción no está integrado sólo por esas compañías de cabecera. Lo integran también varios miles de medianas y pequeñas empresas que tienen en la obra pública su única razón de existir y que actúan como empresas de apoyo por vía de la subcontratación para las grandes empresas. Es ese sector de la actividad constructora, el de empresas medias y pequeñas, el que va a pagar las consecuencias del cerrojazo de la inversión pública.
¿De dónde se podría sacar el dinero para que este motor de la economía que es el sector de la construcción no se pare bruscamente? Una de las vías que normalmente se han utilizado es la de las concesiones, terreno en el que España cuenta con un amplio abanico de empresas líderes, incluso a escala mundial. Este tipo de desarrollos, que ha permitido la puesta en marcha de numerosas obras públicas en el país, requiere un escenario de financiación que por desgracia no es el que caracteriza el actual momento, a causa de las restricciones crediticias. Pero esta vía podría ser uno de los mecanismos de suplencia para la acción menos intensa del sector público. Habrá otras fórmulas y la imaginación y la creatividad de las empresas y del Ministerio de Fomento deberían emplearse a fondo para desarrollarlas. Todo menos admitir como inevitable un recorte tan dramático de la inversión pública, que puede representar un paso atrás muy serio en las expectativas de recuperación de la economía española.
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