Los partidos políticos escenifican su respaldo a las víctimas del terrorismo a las puertas del Congreso

congreso_diez.jpg

Todos los grupos parlamentarios del Congreso escenificaron este lunes su unidad en apoyo de las víctimas del terrorismo, a las que consideran “referente moral” de los demócratas. El PP y UPyD aprovecharon para remarcar que todas las puertas deben permanecer “cerradas” para los terroristas. Los portavoces de los distintos grupos se dieron cita a mediodía del lunes en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo para avalar la entrada en el Registro del Congreso de la proposición de ley de reforma de la Ley de Víctimas, que fue promovida la semana por el PSOE y el PP, en colaboración con las asociaciones de víctimas, y a la que finalmente se sumaron todas las formaciones.

En esa iniciativa, que reforma la ley de 1999, se reconocen todos los atentados perpetrados desde el año 1960, fecha en la que falleció la niña de 18 meses Begoña Urroz, considerada la primera víctima mortal de ETA. Hasta ahora se fijaba como fecha tope 1968, cuando falleció el guardia civil José Pardines Arcaya.

La Ley establece todo un mecanismo de acción y asistencia a las víctimas del terrorismo, tanto la respuesta inmediata después del atentado como todo un sistema de ayudas sanitarias, de acceso a la vivienda, laborales y educativas. Por ejemplo, las víctimas tendrán derecho a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica.

Como novedades se incluyen un reconocimiento a la figura del amenazado, ayudas a los españoles que sufran atentados terroristas fuera de la Unión Europea, la prohibición expresa de que en lugares públicos se haga ostentación del terrorismo o humillación, el derecho de las víctimas a no tener relación directa visual o sonora con los acusados en un juicio, y una regulación de las condecoraciones y honores públicos que se otorgarán a las víctimas.

Baremo de indemnizaciones

El texto incluye un baremo de indemnizaciones por fallecimiento, (250.000 euros), por secuestro y por invalidez (75.000 que se pagarán en caso de incapacidad permanente parcial, 100.000 por incapacidad permanente total, 180.000 por incapacidad permanente absoluta y 500.000 en caso de gran invalidez). Se reconoce el derecho a reclamar las diferencias a todas aquellas víctimas que durante estos años hayan recibido cuantías menores.

Además, se establecen las cantidades máximas que el Estado asumirá en concepto de responsabilidad civil que se fija en sentencia con el objetivo de evitar las actuales desigualdades entre las cuantías que determinan jueces diferentes ante casos similares. En concreto, el Estado asumirá hasta 500.000 euros por fallecimiento, 750.000 por gran invalidez, 300.000 por incapacidad permanente absoluta, 200.000 por incapacidad permanente total, 125.000 por incapacidad permanente parcial y hasta 100.000 euros por lesiones no invalidantes.

Para el socialista José Antonio Alonso, la ley recoge todo un sistema de protección integral para las víctimas del terrorismo, que en su opinión son “el auténtico recurso moral de los demócratas frente al terrorismo”.

Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) y Gaspar Llamazares (ERC-IU-ICV) destacaron que la dignidad de una sociedad se mide por cómo trata a las víctimas. “Esta ley no sólo es un marco normativo, sino una ley moral, y va más allá de l homenaje porque plantea medidas que tienen que ver con la justicia y la reparación”, subrayó el diputado de IU.

Acto de justicia

Según Josu Erkoreka, del PNV, la proposición este lunes presentada oficialmente es “un paso cualitativo adelante en la ruta de la protección de las víctimas del terrorismo”, que sigue “la línea de generosidad” de los textos anteriores. “Es una acto de estricta justicia de vida”, proclamó Carlos Salvador, de UPN.

Eso sí, tanto la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, como el representante de UPyD, Fernando Maura, aprovecharon para descalificar con carácter preventivo cualquier intentos por acabar con el terrorismo por vías distintas de la firmeza.

“Que no esperen nada los terroristas”, enfatizó Sáenz de Santamaría, resaltando que “todas las puertas están cerradas” frente a los violentas, a los que “no les queda más alternativa que dejar las armas”. Maura agregó que la unidad debe mostrarse también ante quienes causan la violencia y es necesario “no caer nuevamente en el error de una nueva toma de contacto”.

A partir de ahora, la proposición de ley empezará su tramitación parlamentaria. Al estar firmada por todos los grupos, no habrá enmienda de totalidad, pero algunas formaciones han anunciado enmiendas parciales. En todo el proceso se escuchará a las asociaciones de víctimas del terrorismo: “Hay que escucharlas porque es su ley”, remachó Duran.